A pesar del estilo dialoguista y conciliador de Alberto Fernández, y aun cuando días atrás fue recibido en el Vaticano por el papa y este hizo después declaraciones públicas de alto voltaje en contra de “pagar deudas con sacrificios insoportables”, la Iglesia Católica argentina salió con los tapones de punta contra el aborto legal y seguro, apenas el presidente confirmó que presentará el proyecto.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que agrupa a todos los obispos del país, anunció que el 8 de marzo realizará una misa en Luján con la consigna “Sí a las mujeres, sí a la vida”. Será “para pedir por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”.

Traducido políticamente, eso significa una categórica estrategia de oposición militante en contra de una legislación que permita la interrupción voluntaria del embarazo. El comunicado para convocar a la ceremonia religiosa fue firmado por el presidente del Episcopado y obispo de San Isidro, Vicente Ojea, y por el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de Argentina, Mario Poli. 

La jornada elegida para esa “misa”, que previsiblemente será acompañada por multitudes de personas como las que habitualmente -en momentos específicos de cada año- se movilizan hacia Luján movidos por su fe religiosa, es nada menos que el Día Internacional de la Mujer (8M).

El propio texto oficial lo dice. La ceremonia religiosa se realizará “en el marco del Día Internacional de la Mujer y con motivo del anunciado tratamiento legislativo del proyecto de legalización del aborto”.

La conmemoración del 8M tiene alcance mundial y por eso en tal fecha hay actividades públicas en gran parte del mundo, fundamentalmente las promovidas por movimientos feministas. Pero Argentina particularmente es un país con una sociedad civil muy activa y con feminismos vigorosos que realizan movilizaciones masivas cada 8 de marzo, y más todavía en los últimos años. 

En consecuencia, para ese mismo día del tercer mes de 2020 se prevén multitudinarias manifestaciones a favor del aborto legal, seguro y gratuito, es decir con sentido exactamente contrario al de la institución religiosa. En Buenos Aires, en todas las capitales de provincias, y en decenas de otras ciudades grandes y medianas del territorio nacional, la presencia de las mujeres en el espacio público se hará sentir nuevamente.

También, previsiblemente, en cada lugar habrá un “efecto imitación” de la misa que convocó la Iglesia Católica en Luján. Con alta probabilidad, en distintas provincias habrá convocatorias similares que también serán seguidas por miles de personas en todo el país. 

Asimismo, aunque con su propia estrategia, es seguro que se sumarán otros sectores contrarios al derecho de poder interrumpir un embarazo, ya sean de iglesias evangélicas como de referentes políticos y mediáticos antiderechos, más otras instituciones, asociaciones y grupos de ciudadanos.

“Un tema de salud pública”

La decisión del Episcopado católico anticipa que no será posible para Alberto Fernández plantear el debate sobre el aborto con un asunto de salud pública. La beligerancia religiosa vuelve a apoderarse del centro de la polémica, lo cual augura una alta conflictividad política que atravesará a toda la sociedad en los próximos meses -y quién sabe hasta cuándo-, mientras el Congreso trate el proyecto de ley que propondrá el gobierno.

En noviembre pasado, ya como presidente electo y poco antes de asumir, el actual jefe del Estado explicó cuál era su idea para abordar la discusión sobre el aborto. “Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados. Es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así”, dijo en una entrevista periodística.

Esta semana, durante su gira europea, respondió luego de ser preguntado por el tema en una disertación académica ante estudiantes en París. “Voy a mandar una ley que termine con la penalización y que permita la atención de cualquier interrupción del embarazo en cualquier centro público de salud”, afirmó.

Ampliando la idea, consideró que “hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio. No es obligatorio para nadie. Es un tema que debemos resolver desde el mundo de la salud pública. No podemos poner en riesgo la salud de la mujer que decide abortar”.

Y agregó: “No vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer tiene que realizarse un aborto, no tiene posibilidad económica y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y matando”.

Todavía no se sabe cuándo el gobierno elevará el proyecto de ley al Congreso, pero la elaboración está avanzada. De forma paralela, se presentará otro proyecto donde se establecerá la asistencia del Estado a mujeres embarazadas. Algunas versiones han llamado a esa propuesta el “plan de los 1.000 días”, como número redondo simbólico, porque la cobertura abarcaría desde el embarazo hasta los dos años de vida de la niña o niño.

Según el diario Página 12, la redacción del texto es coordinada por la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien trabaja junto con especialistas que integran el flamante ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y el ministerio de Salud (recuperado como tal por el actual gobierno, luego de ser degradado por Macri a la categoría de “secretaría”).

Ese medio, y también otros, informaron que se impulsará la despenalización y la legalización del aborto. Significa que no solo dejaría de ser delito la interrupción voluntaria de un embarazo, sino que la mujer que decida hacerlo tendrá garantizada la gratuidad de esa práctica médica en hospitales públicos. La decisión del gobierno avanza “a todo tren”, según publicó la periodista Mariana Carbajal en el diario antes mencionado.

Alberto Fernández y el conjunto del gobierno dan muestras de procurar un proceso político y social, y dentro de él un tratamiento parlamentario, lo menos traumáticos posibles para llegar a la sanción de una ley de aborto legal. Pero al salir el Episcopado católico con los tapones de punta, para de esa forma intentar liderar al considerable sector de la sociedad que está totalmente en contra, anticipa que la etapa que se viene será mucho más complicada.