El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) indagó en su último informe sobre “el real impacto que tendrán las medidas” que lanzó el gobierno de Alberto Fernández en su primer mes “sobre la demanda agregada” y qué “potencialidad tienen para impulsar el consumo interno y las ventas”. El trabajo revela que “el impulso total supera los 121.000 millones de pesos, lo que representa medio punto del PBI y 0,74% del consumo privado”.

“Las medidas van dirigidas tanto a aliviar la situación de la población de menores recursos como a reactivar la demanda interna y de esta forma reimpulsar las ventas minoristas que llevan casi dos años de caídas interanuales”, explican los autores del trabajo, y agregan que “en un contexto de desplome de la demanda interna es imposible avizorar un retorno al crecimiento económico y a la generación de empleo”.

Según el informe del Observatorio, la inyección de dinero “que se pondrá en la calle por parte del gobierno en estos meses implicará el equivalente al 3,2% de todo el gasto en seguridad social ejecutado durante 2019; al 26,4% de lo ejecutado en transporte, el 30,4% de lo ejecutado en educación y cultura, el 41,1% de salud, el 75,1% de promoción y asistencia social, y el 84,3% de lo erogado para el sistema judicial”.

En el desglose de medidas, el informe destaca que los dos bonos de 5.000 pesos para jubilados que cobran el haber mínimo, “será para 4,34 millones de beneficiarios”, o sea “la mitad del total del universo de jubilados, incluyendo a los que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas”.

A estos se les suman 370.000 jubilados que recibirán una fracción del monto del bono “hasta completar los 19.068 pesos, por cobrar un haber que se ubica entre la mínima y esa cifra” establecida como tope para percibir el pago adicional.

Estos bonos constituyen la medida que “mayor impacto tendrá” desde “el punto de vista del gasto público”, indicaron los especialistas de Undav, ya que representa unos 45.788 millones de pesos. El primer tramo se cobró al finalizar diciembre y este mes se pagará el segundo.

Los investigadores universitarios agregan que ante la posibilidad “de aplicarse un nuevo bono en febrero de igual cuantía, antes del aumento correspondiente a marzo que se aplicará por decreto presidencial, el gasto sería de 68.683 millones de pesos”.

Las disposiciones del gobierno también alcanzan a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que “cobrarán un bono adicional en diciembre y enero, pero en este caso de 2.000 pesos por cada hijo”.

“Teniendo en cuenta que los beneficiarios de la AUH son 3,9 millones, entonces el costo fiscal de la medida alcanzará los 15.900 millones de pesos”, puntualiza el estudio.

Aumentos salariales por decreto

Por el lado de los incrementos para los asalariados del sector privado, el gobierno dispuso el decreto 14/2020 que impone el pago de dos aumentos, de 3.000 en enero y de 1.000 en febrero, hasta completar la suma de 4.000 pesos, que tendrá carácter remunerativo, y cuyo “universo alcanzado sería de aproximadamente 4 millones de asalariados”.

“Los trabajadores del Estado nacional también tendrán un aumento salarial similar al de los empleados privados en relación de dependencia”, agregaron en el documento, y sostuvieron que “con la quita de los aportes, será en la práctica una mejora de 3.320 pesos”; que implican “un aumento en la demanda agregada de 1.743 millones de pesos”.

Otro aspecto que apunta a mejorar la demanda y el consumo, además de paliar el hambre, es la tarjeta alimentaria, que “para mujeres con un hijo asciende a 4.000 pesos y con más de un hijo, se eleva a 6.000”; medida que inyectaría 60.000 millones de pesos en la economía local en el año, de acuerdo a lo expresado por fuentes oficiales.

Los economistas advierten que a pesar de que “en el corto plazo la medida tendría un impacto reducido”, se espera que la tarjeta alimentaria “en febrero ya erogue unos 3.000 millones de pesos adicionales”.

En el informe agregan que la desdolarización de tarifas, “representa una forma de incrementar el salario de bolsillo de la población pero también para abaratar costos en las industrias” se implementó por el momento, “en las tarifas del transporte”, aunque otro de “los puntos importantes es la posibilidad de congelar los combustibles”.

“En suma, el impulso fiscal será de unos 101.049 millones de pesos, y si se agrega a esto el aumento salarial que tendrán los privados a cuenta de futuras paritarias, se estima que en los primeros meses del año el impulso a la demanda agregada rondaría los 121.000 millones de pesos”, indicaron.

Desde Undav aclararon que “las medidas en cuestión representarán un leve impulso a la demanda agregada pero teniendo en cuenta que están focalizadas en sectores con alta propensión marginal a consumir” y destacaron que “si bien, el éxito de estas medidas dependerá principalmente de que no sean licuadas por aumentos de precios se estima que el impacto total podría ser de medio punto del PBI trimestral”.

Para los economistas, representará “un aumento en el consumo privado total de casi tres cuartos de un punto porcentual”, lo que equivale a un “0,74% del consumo privado”.

Comparación con el gobierno anterior

En el documento analizan y comparan estas medidas con las impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri luego del resultado de las PASO, “cuando el gobierno nacional emprendió una serie de impulsos fiscales en tono electoralista”.

“El impulso fiscal en este caso es 67% superior al otorgado por la administración nacional posterior a las PASO”, que fue de 40.000 millones de pesos, remarcaron y señalaron que “este mayor gasto público no fue acompañado con un aumento salarial en los sectores privados, por lo que tuvo menor potencia”.

Entre las medidas que lanzó Macri estuvo el aumento del salario mínimo; el congelamiento por 90 días del precio de la nafta y los combustibles; aumento del 20% del piso para los trabajadores que pagan el Impuesto a las Ganancias, aumento de un 20% del piso, dos pagos extra de 1.000 pesos por hijo, uno en septiembre y otro en octubre, para destinatarios de la AUH; entre otras.