Neuquén mira de reojo a las provincias que pidieron ayuda al gobierno de Alberto Fernández para pagar sueldos y aguinaldos. De las cinco provincias que fueron asistidas con anticipos de recursos coparticipables por una cifra superior a los 5.500 millones de pesos, tres son de la Patagonia. Y si bien la que gobierna Omar Gutiérrez no está en la lista porque aún tiene espalda, los compromisos de la deuda previstos para este año y los próximos dos, ya encendieron una luz amarilla en el tablero de comando.

El gobierno nacional dispuso ayer asistir con 1.000 millones de pesos a Río Negro y Chubut, y por 650 millones a Santa Cruz. La ayuda del gobierno de Alberto Fernández fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza también a Chaco (2.000 millones de pesos), Tucumán (1.000 millones de pesos), totalizando un giro por $ 5.650 millones en concepto de anticipos financieros, con los que el Estado busca apaciguar los efectos de la crisis que enfrentan las administraciones locales.

Neuquén, que este año enfrenta pagos de deudas por casi 18 mil millones de pesos (un 120% más que los vencimientos del año anterior), ya se benefició con una de las medidas del gobierno nacional: la prórroga por un año de los compromisos asumidos en el Consenso Fiscal, que en el caso de Ingresos Brutos posterga la reducción progresiva de la alícuota.

Las provincias vecinas están financieramente más comprometidas que la que gobierna Gutiérrez y no les alcanza sólo con mantener la caja de Ingresos Brutos. En el caso de Río Negro, el decreto 21/2020 dispone hasta la suma total de $ 1.000 millones debido a que el gobierno provincial “se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”.

La disposición lleva la firma del presidente Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y del ministro de Economía, Martín Guzmán. Establece “anticipos a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución o de los montos previstos en el Compromiso Federal”.

Señala además que “dichos anticipos deberán ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento, mediante retenciones sobre el producido de los mismos impuestos coparticipados”, pero advierte que se puede “ampliar dicho plazo de devolución, sin exceder el Ejercicio Fiscal en que se otorgue”.

Los mismos fundamentos pueden leerse en el decreto 23/2020 que establece el giro de recursos a Chubut, y en el decreto 25/2020 que lo hace para la provincia de Santa Cruz, que también afronta dificultades para el pago de salarios a los empleados públicos y jubilados.

Chubut enfrenta una delicada situación social por el recrudecimiento del conflicto entre el gobierno de Mariano Arcioni y los gremios estatales que exigen, entre otras cosas el pago del medio aguinaldo de diciembre. El delicado estado de las arcas provinciales (el estado provincial tiene que afrontar pagos de duda por $1300 millones) fue el motivo de la reunión que el mandatario mantuvo el lunes con el ministro Guzmán.

En cuanto a la provincia de Chaco, el decreto 22/2020 otorga un anticipo financiero superior al resto de las provincias auxiliadas, ya que el monto alcanza el asignado a Río Negro y Chubut juntas. Según datos del Indec, el 36,2% de los hogares de Gran Resistencia son pobres.

La asistencia nacional se da en el marco de las acciones del gobierno de Fernández por reformular la relación entre el gobierno central y las provincias, y asistir a estas frente a la crisis económica. El primera paso fue el acuerdo con los gobernadores para suspender el denominado Consenso Fiscal que habían firmado con la administración de Mauricio Macri.

Como se apuntó anteriormente, el gobierno nacional le puso el pie encima a la baja progresiva de Ingresos Brutos para aliviar las finanzas provinciales. Fue un gesto de ayuda del gobierno central para frenar la caída de recaudación que complica las arcas provinciales.

En este contexto los mandatarios provinciales frenaron los reclamos en la Justicia por la coparticipación, que fueron impulsados durante el final de la gestión macrista, centrados en la rebaja de IVA y Ganancias.

El gobierno nacional y los gobernadores acordaron también formar una comisión para evaluar los perjuicios económicos provocados por las medidas fiscales adoptadas por el gobierno anterior y buscar alternativas que no desfinancien las arcas locales.

Información: Daniel Hernández