La ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, derogó esta semana cuatro resoluciones que eran los pilares de la doctrina Chocobar impulsada por Patricia Bullrich, como la que habilitaba el uso de armas de fuego de la Policía contra personas desarmadas o el uso indiscriminado de las pistolas  Taser, lo que implicó un cambio de rumbo en esta materia. La ex funcionaria macrista reaccionó con su habitual discurso de hostigamiento al nuevo gobierno, mientras especialistas en seguridad democrática respaldaron las decisiones oficiales.

Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo a que “la decisión de la ministra Frederic de derogar esta serie de medidas de la gestión anterior es muy importante, y representa un paso firme para volver a pensar las políticas de seguridad con una perspectiva más democrática”.

Agregó que las disposiciones de la actual funcionaria “ponen en valor el derecho de todos los ciudadanos y quitan hacia un costado esta idea del policiamiento absoluto de la sociedad”, que implicaban “menores controles por parte de los instrumentos civiles del Estado para observar las prácticas policiales”.

Consideró que los anuncios “parecen muy auspiciosos” en el sentido de “fortalecer los controles internos, las auditorías internas de las propias fuerzas, y además los mecanismos de control administrativos del ministerio”. 

La derogación que llevó adelante la ministra actual anuló varias resoluciones de Bullrich: la 956/2018, que habilitaba el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad contra personas desarmadas; la 395/2019, que establecía el uso de pistolas Taser; la 598/2019, que creó el Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de Gendarmería Nacional; la 845/2019, que generó el programa “Ofensores de trenes” y tenía que ver con la identificación de ciudadanos “sospechosos” en ese medio de transporte; y la última, la 923/2019, terminó con la formación de gendarmes en el histórico Complejo Turístico de Chapadmalal, creado por Evita a mediados del siglo pasado para la recreación de niños y niñas.

Al salir al cruce con todo para descalificar las decisiones de las nuevas autoridades, Patricia Bullrich dijo a través de Twitter que las recientes medidas “consagran los derechos de los criminales”, y que ahora las “víctimas y las Fuerzas de seguridad” van a quedar “desamparadas”. 

Al ampliar el golpe de efecto contra las resoluciones de su sucesora, sostuvo que “vuelve Zaffaroni recargado: el mundo al revés, ladrones con derechos y policías estigmatizados”.

Desde el CELS, Darraidou dijo a este portal de noticias que la gestión de Bullrich a cargo del ministerio “se centró sobre todo en la intervención policial, una saturación policial que recaía con mayor fuerza sobre los sectores populares y que no necesariamente atendió los problemas vinculados a la violencia y el delito”.

Por otro lado, la nueve ministra Fréderic anticipó en una entrevista radial que habrá cambios en el mando de todas las fuerzas ya que los jefes presentaron su renuncia, y aclaró que para principios de febrero va a estar listo el proyecto para crear un Consejo Nacional de Seguridad.

Para Darraidou, este Consejo puede ser “importante para poder pensar una discusión en términos federales, ver qué ocurre y qué se hace de desde el ministerio de Seguridad de Nación para ajustar las normativas y estándares de las fuerzas federales hacia todas las provincias”.

“Y también va a ser una intención de este espacio iniciar un proceso de reforma de las policías provinciales, de sistemas de controles ministeriales sobre las policías provinciales”, completó la especialista.

Las resoluciones derogadas

Una presentación judicial del CELS había denunciado la “inconstitucionalidad” del reglamento de uso de armas de fuego porque “era contrario a los estándares internacionales, que son acuñados por nuestra legislación en cuanto a la excepcionalidad y la proporcionalidad en el uso de armas de fuego, y ese protocolo lo que venía a hacer era acompañar la retórica de la doctrina Chocobar”.

A su vez, al opinar para este medio sobre el uso de las pistolas Taser, Darraidou explicó que “habíamos hecho un pedido de información al ministerio planteando cuáles eran las situaciones específicas en las que se iba a usar, qué capacitación había o que características tenían las armas; y qué prohibiciones o precauciones sobre poblaciones en particular había, porque estas armas fueron utilizadas en otros países y se habían establecido una serie de recaudos especiales”.

En cuanto al llamado “Servicio Cívico Voluntario”, expresó que la preocupación pasaba por la “intervención por parte de Gendarmería en temas de una competencia donde podemos coincidir en la necesidad de establecerlos pero que no es ese el área del estado nacional que se debe ocupar de cuestiones vinculadas a los valores democráticos”, cuando en el país existe “un sistema educativo muy amplio, un ministerio de Desarrollo Social, otro de Trabajo, donde deberían ser otras las áreas que se involucren a desarrollar políticas públicas específicas sobre las juventudes”.

Y sobre el programa llamado “Ofensores en trenes”, el CELS también habían planteado que como se “establecía una ampliación de facultades policiales de detención”, implicaba “un contrasentido contra obligaciones internacionales que la Argentina había recibido y con la propia normativa nacional que señalaba que no se pueden hacer detenciones sin fundamentos objetivos por los cuales un policía entienda que pueda detener a una persona para hacer una identificación”.

En ese sentido, la coordinadora del equipo de Violencia Institucional de esa entidad explicó que “lo señalamos como una práctica discriminatoria que podría ser abusiva por parte de las fuerzas federales sobre la población que utiliza los trenes diariamente”, concluyó Darraidou.

Casos Maldonado y Nisman

Finalmente, en sus declaraciones radiales, la nueva titular del ministerio de Seguridad adelantó que su administración revisará la actuación de Gendarmería en la muerte de Santiago Maldonado, sobre todo en el operativo represivo, y aclaró que la investigación se va a realizar apuntando a los responsables “hacia arriba”.

“Nuestro objetivo va a ser revisar esos procedimientos y actuaciones disciplinarias, y no condenar a un chivo expiatorio como fue Echazú sino avanzar hacia arriba”, explicó Frederic.

También informó sobre la decisión oficial de verificar, junto con el Poder Judicial, el peritaje que hizo Gendarmería sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, aunque aclaró que ello ocurrirá “más adelante”. 

Ese peritaje, a diferencia de estudios y dictámenes realizados por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, por expertos de la Policía Federal y por prestigiosos peritos que actuaron a pedido de alguna de las partes, fue el único que aseguró que el fiscal había sido asesinado.