“En base al diálogo y a la escucha de todos los sectores de la sociedad, anuncio la presentación del proyecto de ley para la derogación de la ley 9209”. Con esas palabras, a través de su cuenta oficial de Twitter, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció a última hora de ayer que dejará sin efecto la norma recién sancionada para favorecer la megaminería en la provincia mediante la utilización de sustancias como el cianuro y el ácido sulfúrico, y que recibió una contundente reprobación desde la sociedad civil.

La decisión del mandatario radical-macrista, quien asumió hace poco más de dos semanas, intenta controlar un inesperado conflicto que estalló apenas la Legislatura aprobó, en tiempo récord, la modificación de la histórica ley provincial de Minería, número 7722, definida en estos días como una norma “que protegía el agua de los mendocinos”. Los cambios quedaron plasmados en la ley 9209, cuya derogación se comunicó anoche. 

Los hechos se sucedieron a una velocidad llamativa en una provincia poco habituada a altos niveles de conflictividad, y la reacción desde las bases sociales dio lugar a manifestaciones en espacios públicos que algunos calificaron como “las más grandes de la historia”. El gobierno provincial respondió al principio con la violencia policial y una represión feroz.

Pero finalmente el fuerte rechazo social obligó a Suárez a dar marcha atrás. Tres días antes -en la jornada previa a Navidad- se empecinó en promulgar la nueva normativa que ya había generado amplia oposición. Luego, el jueves, comunicó que había resuelto “suspender la reglamentación” de la misma, y finalmente ahora dispuso dejarla sin efecto.

La principal motivación de las críticas ciudadanas a la mencionada ley fue la “defensa del agua pura”, teniendo en cuenta que el uso de sustancias como ciuanuro y ácido sulfúrico, entre otras, en este caso para la explotación minera, puede generar contaminación del líquido vital. 

La oposición desde la sociedad civil abarcó a sectores tan disímiles que van desde algunos referentes de la Iglesia Católica y la delegación local de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), hasta la Comisión de Reinas de la Vendimia.

Más aún: ayer mismo, horas antes de anunciarse la decisión final del mandatario mendocino, cuatro municipios importantes de la provincia -Maipú, Tunuyán, Lavalle y San Carlos- habían adoptado una decisión sin precedentes como forma de protesta: no realizar los tradicionales festejos por la Vendimia.

Frente al conjunto de expresiones adversas, Suárez convocó a una reunión de intendentes y luego realizó el anuncio.

En base al diálogo y la escucha de todos los sectores de la sociedad, anuncio la presentación del proyecto de ley para la derogación de la ley 9209. pic.twitter.com/5tBN76BfPB

— Rodolfo Suarez (@rodysuarez) December 28, 2019

El gobernador agregó en conferencia de prensa que “para la explotación minera se necesitan dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles, y por el otro con consenso social. Pero esa licencia social no existe en Mendoza”, expresó el titular del Ejecutivo.

Amplió su justificación al afirmar que “en la campaña dijimos que éramos un gobierno de puertas abiertas y de diálogo. Por eso razón hemos decidido enviar a la Legislatura un proyecto para la derogación de la ley minera 9209”. Esa norma “es legal pero no tiene la legitimidad del pueblo”, afirmó Suárez.