Mendoza podría seguir un camino similar al de Loncopué para resolver si aplica o no la reforma a la ley de Minería (7722), que habilita a la industria al uso de químicos contaminantes para los procesos de extracción. El gobernador Rodofo Suárez dijo ayer, al anunciar que suspendía la aplicación de la norma, que se inicia una etapa de negociación para destrabar los puntos de resistencia, pero no descartó llamar a una consulta popular vinculante si no hay acuerdo.

“Queremos llegar en base al diálogo”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa realizada ayer en la que anunció que no reglamentará la nueva ley que reforma a una anterior (9209) , pero aclaró que “existe la posibilidad de una consulta popular vinculante”. Sobre esta salida también habló el ministro de Gobierno mendocino,Víctor Ibañez. El funcionario precisó que si bien la provincia no contempla este tipo de consulta, es la Constitución Nacional “la que da el paraguas para esto”.

En 2012, Loncopué aprobó una ordenanza que rechazaba la minería a cielo abierto. En la localidad neuquina había un proyecto a punto de arrancar en el cerro Campana Mahuida, pero la comunidad ratificó la norma a través de un referéndum. El gobierno, a cargo entonces de Jorge Sapag y con toda la potencia puesta en el inicio de la explotación de Vaca Muerta, judicializó el decisión de Loncopué y llegó hasta la Corte para voltear el referéndum. La cuestión de fondo nunca se definió, como pidió la Corte, y la inversión se cayó.

En Mendoza, dos semanas después de haber asumido, el mandatario radical-macrista encontró un inesperado rechazo social a los cambios legales que él promovió y que tuvieron respaldo en la Legislatura. En la nueva ley se permite el uso de sustancias químicas como el cianuro y el ácido sulfúrico para explotaciones de megaminería.

Tanto fue el rechazo de la comunidad a la reforma que, en una provincia con una fuerte impronta de calma social en las últimas décadas, el titular del Ejecutivo tuvo que poner un freno a su propia iniciativa y abrir nuevos espacios diálogo para tratar de encontrar una salida. Suárez dijo que convocará a partidos políticos, al arzobispado, a los gremios y a diferentes organizaciones sociales.

“No va a estar vigente esta ley hasta que no se reglamente y vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y a la información de la gente", anunció el gobernador mendocino en la conferencia de prensa. El propio gobernador de Mendoza también hizo el anuncio en su cuenta oficial de Twitter en horas del mediodía.

Garantizar la paz social es el primer deber de un gobernador. Es por ello que he llamado a una mesa de diálogo con todos los sectores de la sociedad civil y he decidido suspender la reglamentación de la ley 9209.

Abro hilo pic.twitter.com/bMwkQjrTfX

— Rodolfo Suarez (@rodysuarez) December 26, 2019

“Es mentira” afirmar que “porque hay explotación minera hay contaminación”, se defendió el mandatario. Agregó que “los mendocinos somos capaces de hacer las cosas bien; se tenía que llevar adelante el desarrollo minero, preservando por sobre todas las cosas nuestro recurso más preciado que es el agua, porque estamos viviendo una época de sequía”.

El gobernador Suárez sostuvo que "no se está entendiendo" el objetivo de la iniciativa y enfatizó que se está intentando "asustar" a la población con desinformación. "La prioridad es garantizar la paz social. No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino. Vamos a convocar al arzobispado, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las universidades, a las distintas organizaciones. No vamos a hacer nada sin consenso social", manifestó Suárez.

En defensa del agua

La resistencia en Mendoza llegó con la formación de la Asamblea Popular por el Agua Pura y otras organizaciones con nombres similares que se formaron en los principales departamentos y ciudades de la provincia. En ciudad de Mendoza, San Rafael, Malargüe, Las Heras, La Paz, Luján de Cuyo, Tupungato, Maipú, Tunuyán, Lavalle, San Martín y General Alvear, entre otros lugares, se organizaron marchas (algunas con la modalidad “de antorchas”), asambleas vecinales, tareas de esclarecimiento en la vía pública, “mateadas” informativas en plazas y parques, festivales solidarios de música, “ruidazos” y todo tipo de presencia pacífica en espacios públicos. La resistencia incluyó hechos de violencia en la capital con represión policial.

La oposición desde la sociedad civil abarca a sectores tan disímiles que van desde algunos referentes de la Iglesia Católica y la delegación local de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), hasta la Comisión de Reinas de la Vendimia.