Los mendocinos se pusieron en pie de guerra para defender el agua, que es escasa en su provincia, a partir de una reforma de la ley provincial 7722 que regula la minería y que, con las modificaciones introducidas el viernes último, habilita a las empresas al uso de químicos como el cianuro y el ácido sulfúrico.

Ayer hubo represión en la capital mendocina contra manifestantes que se oponen a los cambios que, según el gobierno, abren la puerta a millonarias inversiones y a la generación de miles de puestos de puestos de trabajo, una suerte de Vaca Muerta de la minería no petrolera en la provincia cuyana.

Pero a menos de 24 horas de la movilización el gobernador radical, Rodolfo Suárez, dejó en firme los cambios que posibilitan el uso de cianuro y ácido sulfúrico. 

La provincia donde ganó el macrismo de la mano del radical Rodolfo Suárez, espera con esta reforma de la legislación inversiones para 19 proyectos mineros, con potencial para generar más de 17 mil puestos de empleo durante la etapa de desarrollo y casi 40 mil en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta. 

Para el gobierno mendocino, el cambio de esta ley representa una apuesta a la reconversión de la matriz productiva porque, calcularon, la actividad movilizará recursos por casi 350 mil millones de dólares con la extracción, en diferentes etapas, de uranio, oro, cobre, hierro, plomo, plata y zinc, entre otros minerales.

La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros calculó que en los primeros cinco años, y con sólo siete proyectos activos, podrían movilizarse en la economía doméstica recursos por 1.215 millones de dólares entre consumo de bienes, servicios y compre local.

La ley, que fue sancionada en el 2007 y modificada el viernes último, generó rechazo en la población porque advierten que corre peligro la calidad del agua. Ayer, durante una manifestación en el centro de Mendoza y frente a Casa de Gobierno, la policía intervino con represión, utilizando gases lacrimógenos y balas de goma.

Neuquén tiene un antecedente histórico de rechazo a la minería con un proyecto de explotación a cielo abierto. En junio de 2012 se llevó a cabo en Loncopué el primer referéndum para decidir sobre una ordenanza que prohibió una inversión de extracción de minerales en el cerro Campana Mahuida. Fue a votar más del 70% del padrón electoral del municipio  y el 82% lo hizo en respaldo a la ordenanza que prohibía la actividad. El gobierno de la provincia judicializó el referéndum, no le fue bien en el Tribunal Superior de Justicia y llegó hasta la Corte Suprema. La Corte dejó firme la cautelar del Tribunal, que frenó la inversión hasta que se trate la cuestión de fondo. Eso no sucedió, y el proyecto de inversión ya se había caído antes de iniciarse la batalla judicial.