En el encuentro de ayer del presidente, Alberto Fernández con los representantes de la “Mesa de Enlace” de las entidades agropecuarias, el mandatario ratificó su posición a favor de mantener los derechos de exportación aunque a la vez se comprometió a revisar las implicancias que la medida tiene para los pequeños y medianos productores y para quienes están alejados de los puertos, que afrontan costos diferenciales.

Acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingeniero agrónomo y experimentado político formoseño Luis Basterra, el jefe del Estado recibió a los representantes de las cuatro cámaras empresarias tradicionales que representan al poder agropecuario: la Sociedad Rural (presidida por Daniel Pelegrina); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA, encabezada por Jorge Chemes); Federación Agraria (que conduce Carlos Achetoni); y Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria, dirigida por Carlos Iannizotto).

Después de la reunión, Basterra ofreció una conferencia de prensa conjunta con los cuatro dirigentes principales de las cámaras patronales agropecuarias. Entre las partes hubo momentos de discrepancia y de explícita polémica. 

Loa empresarios del campo aseguraron que el jefe del Estado se comprometió a revisar el aumento del 3% adicional. Pero el titular del ministerio de Agricultura dijo que ese reclamo "es complejo" en el actual contexto macroeconómico, sobre todo "después de que ya se hicieron ajustes” en el impuesto a los Bienes Personales “contemplando la situación del campo".

Aseguró que el primer encuentro entre Fernández y los ruralistas fue “muy productivo”, e informó que el presidente se comprometió a “profundizar el análisis de la Ley de Emergencia y a generar un canal de trabajo conjunto para evaluar los impactos, y avanzar hacia mecanismos que permitan que el aporte del campo sea cada vez más fructífero y amplio”, explicó el ministro.

Achetoni, de Federación Agraria, dijo que el sector se manifestó en contra del incremental del 3% dispuesto por el gobierno y que Fernández se comprometió a dar una respuesta fundamental a ese tema. También aseguró que los empresarios agropecuarios coincidieron en reclamar compensaciones a los productores de menor envergadura.

Al retomar la palabra Basterra, informó que el presidente “plantea con responsabilidad que las retenciones tienen que ir disminuyendo porque que no son deseables para el funcionamiento de una economía”, pero insistió con que “la responsabilidad que le cabe hace que tenga que analizar detalladamente el pedido de mantener el 30% en soja y el 12% en el resto de los productos”.

Subrayó que Fernández “planteó que va a analizar el tema en el contexto macro porque no tenemos estabilidad”. Añadió que la agricultura familiar tendrá “un tratamiento diferencial (porque) no hay una formula sino varias fórmulas” para atender la situación de ese sector. 

“El presidente propuso una modificación de la Ley de Emergencia para que se incluya el tratamiento segmentado de los pequeños productores y el de las regiones lejos de los puertos” aclaró el titular del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Aludió a la “difícil situación de un Estado con un déficit muy abultado que requiere de un esfuerzo de los distintos sectores de la economía, no solo del campo”.

Iannizzotto, de Coninagro, dijo que la Mesa de Enlace reclamó en la reunión un sistema de crecimiento agroindustrial que tenga como horizonte el fin total de las retenciones. Según ese dirigente, “el presidente se comprometió a estudiarlo”.

A su vez Pelegrina, de Sociedad Rural, manifestó que “el impacto de la medida ya está valuado”, y si bien reconoció que “todos tenemos que contribuir” resaltó que “no convalidamos el 30%” sino que “lo criticamos”. Ratificó por su parte que el presidente “se comprometió a rever el 3%. Lo que pedimos es el fin de las retenciones. No convalidamos nada”, enfatizó.

Por último, Chemes, de Confederaciones Rurales, dijo que salieron de la reunión “con una impresión buena, porque el intercambio se dio en un marco de sinceridad. El presidente planteó los problemas de las finanzas del Estado y nosotros los inconvenientes del sector y la excesiva carga impositiva que representan todas estas medidas”.

Agregó que lo que resuelvan las autoridades nacionales “no serán decisiones inmediatas como necesita el productor, pero sí caminos para arribar a soluciones lo más rápido posible.

Chemes se comprometió a “tratar de revertir la situación” que plantearon productores nucleados en la cámara que él encabeza, en cuanto a iniciar medidas de fuerza contra el nuevo gobierno para oponerse a los aranceles de exportación.

La historia

El sector agropecuario con intereses fundamentalmente en la Pampa Húmeda, habitualmente llamado “el campo”, es un factor de poder que se hizo “temible” para el peronismo luego del conflicto del año 2008. El presidente Alberto Fernández, un negociador nato, intenta desde el comienzo mismo de su gestión mantener abiertos los canales de diálogo, y por eso ayer inició conversaciones personales y oficiales con los dirigentes ruralistas.

Algunos representantes -no oficiales- de ese sector habían lanzado advertencias contra el gobierno de Alberto Fernández desde antes de que asumiera. Por las redes sociales, usuarios que se identificaban como defensores de “el campo” fomentaban un levantamiento de los productores para el caso de que las nuevas autoridades ampliaran los aranceles -generalmente llamados “retenciones”- por la exportación a los productos agropecuarios.

Esas amenazas no llegaron a concretarse, pero una vez que el flamante jefe del Estado, apenas asumió, dispuso una actualización de los aranceles, los dirigentes oficiales de las cámaras ruralistas hicieron públicas sus quejas. Y ese fue el tema principal de la reunión de ayer, que duró alrededor de dos horas.

Los aranceles de exportación son una fuente importante de recursos para el Estado y una forma de captar parte de la renta agraria para redistribuirla socialmente según prioridades y estrategias de desarrollo de los respectivos gobiernos. 

Mauricio Macri, que tenía a ese sector como uno de sus principales aliados, eliminó de entrada nomás la mayor parte de los aranceles que regían al final del gobierno de Cristina Kirchner, y solamente mantuvo algunos para la soja, en porcentajes tendientes a la baja. Así comenzó el proceso de desfinanciamiento del Estado que actualmente llega a límites dramáticos, agravado por el aumento exponencial de la deuda externa.

Cuando a mediados de 2008 los acreedores internacionales dejaron de prestarle al macrismo y el país entró en una espiral agravada de disparada del dólar y de la inflación, Macri -además de llamar al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que le envíe fondos y evitar la cesación de pagos, a cambio de profundizar el endeudamiento del país y someter la economía nacional al control de esa institución financiera-, dispuso medidas contrarias a su perfil ideológico y restituyó mínimamente los aranceles (“retenciones”) para las ventas de productos agropecuarios al exterior.

El entonces presidente había puesto un tope de 4 pesos por cada dólar exportado. Así se llegó a la semana pasada, cuando a días de haber asumido, Alberto Fernández actualizó el valor según la cotización actual de la divisa norteamericana. Es decir que los exportadores, que cobran sus ventas al exterior en dólares, no pagarán más -en esa moneda- que hace un año, sino porcentajes similares. Pero igual protestaron, y ayer llevaron ese reclamo al máximo nivel gubernamental.