La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó ayer su informe anual número 24 sobre la situación represiva y reveló que durante el gobierno de Mauricio Macri contabilizaron 1.833 personas asesinadas por las fuerzas estatales, lo que arroja un promedio de 1 muerto cada 19 horas y que representa el casi el 26% de las muertes desde 1983 a la fecha.

“Es una radiografía bastante precisa de lo que es la represión que se ha desatado sobre el pueblo trabajador en los cuatro años de gestión de Cambiemos, y la primera conclusión es que acaba de terminar el gobierno más represor que tuvimos que padecer desde diciembre de 1983”, aseguró a la abogada y titular de Correpi, María del Carmen Verdú.

Desde esa organización no gubernamental informaron que “por primera vez desde el fin de la dictadura cívico- militar-eclesiástica, en 2017, el gobierno macrista superó la barrera de un muerto por día a manos del aparato represivo estatal, frecuencia que se siguió incrementando hasta llegar al inédito promedio de una muerte cada 19 horas”.

Según el informe, del total de personas asesinadas por el aparato estatal hay un 48,14 % de personas detenidas y un 37,49 % de fusilamientos de gatillo fácil, lo que implica que más del 85 % de los casos “estaban en un calabozo o caminaban por un barrio”.

Verdú explicó que “el gobierno de Cambiemos no solo nos deja ese resultado objetivo sino también una reestructuración profunda tanto a nivel normativo como operativo del conjunto del aparato represivo, y eso, si no es modificado de inmediato va a seguir produciendo hechos semejantes”.

Por ese motivo, desde la Coordinadora que ella dirige plantean una “agenda de medidas urgentes, necesarias e imprescindibles” para que lleve adelante el gobierno de Alberto Fernández de tal manera que se pueda modificar esta situación.

“Está muy bien” que en su discurso al asumir frente a la Asamblea Legislativa “el presidente Fernández haya reconocido la existencia del gatillo fácil y haya dicho que hay que terminar con la lógica del disparo por la espalda, pero hay que hacerlo”, enfatizó la abogada y militante por los derechos humanos.

Detalló que la mencionada agenda que plantea la asociación consta de “alrededor de 50 medidas y no pueden ser tomadas individualmente sino que tienen que ser de conjunto, como fue de conjunto esa reestructuración macrista, porque derogar la Resolución 956 que permite el disparo por la espalda o a personas desarmadas por parte de las fuerzas de seguridad, no sirve de nada sino retiran del Congreso el proyecto de Código Penal que incorpora esa misma causal de justificación al artículo 34”, expresó.

Al ampliar su argumentación, dijo que “plantear el cese de la militarización y el hostigamiento a los pibes en los barrios tampoco tiene mucho sentido si sostenemos el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad”.

La nueva ministra y el ministro bonaerense

Acerca de la ministra de Seguridad del nuevo gobierno, Sabrina Fréderic, la referente de Correpi sostuvo que como no la conocen personalmente “la vamos a juzgar por su gestión”. Advirtió en cambio que “no es el caso de quien ocupa el mismo lugar en la provincia de Buenos Aires, el coronel Sergio Berni, al que sí conocemos y del que si tenemos una opinión formada porque es un represor por derecho propio”.

“Todos nos acordamos de Berni bajando del helicóptero con la gorrita de Gendarmería para reprimir trabajadores con el gendarme ‘carancho’ en la Panamericana, y además durante estos cuatro años fue un defensor acérrimo de la doctrina Chocobar y del uso de las pistolas Taser”, agregó la abogada.

Verdú enfatizó que “ahí es donde se ven esas contradicciones que tienen que ver con la heterogeneidad del Frente de Todos” y por eso, lo que van a hacer “es exigir que se cumpla con esa agenda urgente y necesaria, y para eso vamos a mantener nuestra presencia en las calles”, concluyó.