El gobierno de Alberto Fernández comenzó a presentar las primeras medidas en todas las áreas, como lo hizo el miércoles el ministro de Economía, y a pesar de que todavía no hay definiciones concretas sobre la fecha de lanzamiento de los programas y de los detalles, comienzan a delinearse algunas políticas para atacar los problemas urgentes del país.

Ayer por la tarde, los ministros de Desarrollo Social y de Salud, Daniel Arroyo y Ginés González García, decidieron volver a iluminar la imagen de Evita que está emplazada en el edificio que comparten ambas carteras sobre la Avenida 9 de Julio y anunciaron algunas de las políticas urgentes que van a llevar adelante: una tarjeta alimentaria para las familias más necesitadas y el programa de microcréditos para herramientas productivas por un lado, y la del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), por el otro.

Arroyo confirmó durante la jornada que ya “ya tienen un cronograma establecido para empezar a distribuir la tarjeta alimentaria en distintas etapas y por localidades que se va a anunciar en los próximos días”, y remarcó que será un medio de pago exclusivamente para esa finalidad. No se podrá usar para extraer dinero, sino que solo servirá para comprar cualquier tipo de alimentos, exceptuando bebidas alcohólicas.

“La tarjeta es para las familias con hijos menores de 6 años, para poder atacar el problema de los chicos más chicos, que están comiendo fideos, harina y arroz porque hay serios problemas de nutrición en niños de 0 a 2 años”, explicó el alto funcionario, y aclaró que van a trabajar con un “equipo de nutricionistas y promotores de salud que van a orientar a las familias”. 

En cuanto a los microcréditos, el responsable de la política social adelantó que será un “crédito no bancario para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital”, ya que indicó que hay 4 millones de personas que tiene trabajo pero les faltan máquinas y herramientas, lo que provoca que terminen tomando créditos al 200% de interés anual.

Este esquema de préstamos es sin garantía bancaria y el sistema se va a efectivizar a través de municipios, organizaciones sociales y en general organizaciones no gubernamentales asociadas al desarrollo local.

“Para que el que tiene un taller pueda comprar un scaner y una computadora, y el día que tiene tres autos de golpe, que busque a un pibe en la esquina para que lo ayude esa semana y genere trabajo local”, graficó el ministro en declaraciones radiales.  

En su discurso de apertura del martes, el presidente Alberto Fernández adelantó que “la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esta prioridad, el Plan Integral Argentina Contra el Hambre”, ocasión en la cual el “gabinete y las personalidades de la sociedad civil que generosamente se han sumado a nuestro llamado, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso”.

Como confirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la conferencia de prensa del miércoles, dentro del proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva van a incluir una mejora para jubilados y para quienes cobran Asignación Universal por Hijo.

Ello se debe a que según indicó Arroyo, hay tres millones de personas endeudadas con la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), que en gran parte son jubilados que cobran 12.000 pesos u otras personas que perciben 3.000 pesos, y tomaron créditos de ese organismo con un 50% de interés anual.

El protocolo de ILE

También ayer por la tarde, el ministro de Salud Ginés González García y otros funcionarias de su cartera presentaron el nuevo protocolo para la atención de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que fue publicado hoy en el Boletín Oficial.

El ministro destacó que las razones por las cuales el protocolo fue “actualizado y va a seguir siendo actualizado”, son por un lado “las modificaciones del Código Civil y Comercial del 2015 incluyeron derechos que no estaban en el protocolo del 2015”. Por otro lado, “la evolución del procedimiento hace que se modifiquen cuestiones científicas”, por ejemplo “la medicación que se utiliza”, y entonces “eso, usando cánones internacionales, está puesto en este nuevo protocolo”.

“Iniciamos un camino que es el de aplicación de la ley y creemos que va a haber algunas organizaciones antiderechos que van a cuestionar”, afirmó en la conferencia de prensa el responsable de la política sanitaria. Sostuvo además que “estamos dando un instrumento sanitario para que se cumpla la ley y los derechos de las personas que lamentablemente están en situación de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

En los últimos días del gobierno de Mauricio Macri, la actualización del protocolo generó la renuncia del entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, ya que fue criticado por sus pares de gestión quienes lo acusaron de decidir unilateralmente, a pesar de que la normativa fue publicada en el Boletín Oficial. El entones presidente la anuló pocas horas después mediante un decreto.

El protocolo anunciado ayer incluye reglamentaciones sobre la objeción de conciencia que contempla la ley de ILE y, según aclaró González García, “no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley”, y remarcó que “es individual”, para evitar de esa manera que “las instituciones sanitarias sean en su totalidad objetores de conciencia”. 

Al referirse luego a la problemática del precio de los remedios, el integrante del flamante gabinete nacional ratificó que le solicitaron “de urgencia” a los representantes de la industria farmacéutica “que tengan una rebaja masiva para todos los medicamentos”, y remarcó que “están trabajándolo intensamente” en ese sentido.

Aunque no confirmó ni el porcentaje ni cuándo podrán ser aplicados los descuentos, el ministro de Salud sostuvo que “les hemos pedido que sea estable, que dure al menos varios meses”.

Evita volvió a estar iluminada