Argentina tiene ora oportunidad de debatir la legalidad y legimitidad de la nueva deuda externa. Diecinueve años después del cierre de la causa judicial impulsada por Alejandro Olmos que permitió iluminar en detalle el saqueo de la Argentina durante la última dictadura cívico-militar, vuelve a los tribunales una denuncia penal para que se investigue el recorrido que hizo el gobierno de Mauricio Macri con la deuda que contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre 1976 y 1982 hubo un plan premeditado que incluyó, además de la aniquilación de la militancia y de la oposición, cambios en el sistema financiero, apertura plena de la economía doméstica, destrucción del aparato productivo nacional y endeudamiento externo para facilitar la fuga de capitales, un camino cuyo trazado estuvo manchado con sangre y causó mucho sufrimiento. 

Hoy habría que quitar las palabras aniquilación y sangre, pero el resto del recorrido que hizo el macrismo tiene tantas similitudes con lo ocurrido durante la dictadura que lamentablemente conduce a la teoría de "corsi e ricorsi" de Giambattista Vico (la historia no avanza en forma líneal sino en círculos que se repiten).

La nueva denuncia sobre deuda externa llegó al juzgado Criminal y Correccional Federal Nª 2, a cargo del juez Sebastián Roberto Ramos, de la mano del exdiputado por Unión Popular Claudio Lozano, y del director del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo.

El escrito pide que se investigue al presidente Mauricio Macri, al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y al titular del Banco Central Guido Sandleris, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

En la presentación se detalla que desde el 22 de junio del 2018 al 16 de junio de este año ingresaron a la Argentina fondos del FMI por 44.490 millones de dólares, se utilizaron para el pago de deuda 28.594 millones de la misma moneda y salieron del país 36.380 millones. "El país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y por lo tanto el endeudamiento con el FMI carecía de sentido", dicen los denunciantes, al tiempo que advierten que el organismo internacional fue cómplice "de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales".

Lozano y Baldiviezo sostienen que la acumulación de vencimientos en los próximos años con el Fondo, superan los 51.000 millones de dólares, una cifra que, entienden, "define la inviabilidad financiera de la Argentina".

La causa judicial Olmos apuntada al principio, se inició en octubre de 1982 y se cerró en julio del 2000. Fue un acto que permitió conocer la verdad, pero que no produjo un acto de justicia, ya que no hubo condenas por prescripción de la acción penal en un caso, decisión que benefició al resto. 

Olmos falleció pocos meses antes de conocida la sentencia del juez Jorge Ballesteros que tenía la causa. Pudo comprobar más de 447 ilícitos y actos fraudulentos realizados entre 1976 y 1982. En su fallo, dejó abierto el camino para que el Congreso de la Nación evalúe las consecuencias del endeudamiento argentino. Eso no sucedió, pero la puerta está abierta.

En la primera línea de la investigación de aquella primera gran denuncia, estaban involucrados el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y su mano derecha Guillermo Wálter Klein (h). Los beneficiarios la política de saqueo fueron grupos empresarios locales relacionados con los centros financieros internacionales: Socma (Macri), Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint, Soldati, Pescarmona, entre otros. Todos tomaron deuda privada que luego asumió el Estado a través de seguros de cambio, un instrumento financiero creado por Domingo Cavallo a fines de la dictadura, cuando fue nombrado como presidente del Banco Central. 

Las ganancias fueron para las empresas privadas, la deuda la pagó el conjunto de la sociedad.

José Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, junto a Domingo Cavallo, quien al final de ese régimen estatizó la deuda externa privada siendo presidente del Banco Central.