“La guerra judicial la tenemos que ganar por la democracia, no sólo por Cristina”, dijo Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la vicepresidenta electa que ayer declaró más de tres horas en Comodoro Py. Y se metió luego en el punto central del debate que le plantean los medios hegemónicos al próximo gobierno (ver aparte): “Alberto y Cristina tienen más carácter que el Estudiantes que dirigía Bilardo”, sentenció.

Cristina Fernández convirtió ayer, como en otras ocasiones, un procedimiento judicial en un hecho político, y su declaración fue un alegato contra el andamiaje político, judicial y mediático construido en los últimos cuatro años para perseguir a opositores del gobierno de Mauricio Macri.

Dalbón dijo que la causa judicial es parte del denominado “Lawfare” que están llevando adelante en distintos países de América Latina, a la que calificó como “una guerra judicial que tenemos que ganar, no solo por Cristina, sino por la democracia”. 

“El Lawfare es algo que ha funcionado en Brasil, en Bolivia y en Chile, también tuvimos el caso de Honduras”, dijo Dalbón en diálogo con , para luego explicar que “hace tiempo que está funcionando como una de las maneras de tener a Latinoamérica en un puño, como el espacio trasero de Estados Unidos”.

Dalbón dijo que ahora va a costar aplicar esta estrategia “porque vamos a tener un gobierno que no pudo ser domado y con Alberto Fernández y Cristina Fernández, que entre los dos tienen más carácter que el  Estudiantes de  Bilardo”.

La vicepresidenta electa se presentó ayer en los tribunales de Capital Federal para prestar declaración en la causa que investiga supuestas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz, con el antecedente de que los jueces no permitieron que su testimonio fuera público en el momento en que se realizaba y se trasmitiera en directo por los medios de comunicación.

Cristina Fernández, durante su comparecencia de más de tres horas y media, advirtió sobre el Lawfare cuando dijo que si alguien “no sabía de qué se trataban” este tipo de operaciones, “la lectura que acaba de hacer el señor presidente de este tribunal, donde se nos deniega transmitir en vivo y en directo esta audiencia, es una clase práctica del lawfare en la Argentina”. Definió a ese conjunto de maniobras como “la articulación de los medios de comunicación y del Poder Judicial para perseguir a dirigentes y líderes políticos de los gobiernos”.

“Todo este proceso es lawfare, se publicitan cosas que no ocurrieron para conformar una opinión pública y para que los jueces no tengan más que condenar”, prosiguió la líder del kirchnerismo, y aseguró que “nunca en mi vida escuché un guion en lugar de una acusación fiscal”.

También le apuntó al gobierno “que se va” y señaló que “tenía una mesa judicial donde decidía todo, hasta decidía quién iba preso, quién no iba preso, qué empresario había que apretar para sacarle la empresa”, y “todo este plan fue ideado para una feroz e inédita persecución”, dijo Cristina Kirchner.

“La masacraron mediáticamente”

Dalbón enfatizó que “el hecho de la prohibición de que su declaración sea pública estuvo mal y constituye una arbitrariedad”, porque, según explicó, “han sido un circo sus allanamientos, sus llamados a indagatoria, sus escuchas ilegales, y el día que ella quería defenderse no quisieron que esto sea público”.

“La declaración era un derecho de ella, porque la masacraron mediáticamente; aquí lo que hubo fue una falta de consideración a la igualdad ante la ley, que es un principio constitucional”, dijo. “Y cuando no se respeta este principio en un tribunal oral, que está juzgando nada más ni nada menos que a una vicepresidenta, nada se puede esperar del resultado de la causa”, agregó el abogado.

Dalbón señaló que tiene un proyecto de reforma del sistema judicial que le va a plantear a la futura vicepresidenta para “cambiar la justicia” y poder tener mayores herramientas contra el Lawfare.

Entre estas modificaciones, propone que haya “jueces probos” y destacó que uno de los principales cambios es que “el fiscal sea la vindicta pública, que sea el acusador y que el juez sea el que juzga”, porque “hoy hay un juez que acusa, que instruye la causa y después lo procesa: tiene una doble función”.

“Preferiría que sea un fiscal el que instruye, el que va para adelante (con la investigación)”, y que posteriormente “sea el juez después el que juzgue, porque así es en el mundo civilizado: un fiscal, un defensor, y por último el juez el que dice quién tiene razón”, explicó el abogado.

“Un desajuste del 0,1 %”

En su larga comparecencia ante el tribunal, acerca de la causa que la investiga, Cristina Kirchner indicó que en la realización de obras públicas en Santa Cruz “no se encontraron desvíos significativos de montos y los desajustes no fueron relevantes”, a punto tal que “estamos hablando de desajuste del 0,1%”, que representan “menos de 2 kilómetros de carpeta asfáltica sin ejecutar en un total de 2.200 kilómetros ejecutados y terminados”.

Al referirse a la acusación de “discrecionalidad” en las contrataciones, se preguntó si “el hecho de que una persona tenga una empresa y sea amigo de otra, ¿es delito?”, y agregó: “¿Cómo le llamarían al empresario que se benefició con los tarifazos energéticos?”

“Este tribunal seguramente tiene la condena escrita, no me interesa; a mí me absolvió la historia”, definió la ex presidenta. Después, cuando le preguntaron si pensaba responder preguntas del tribunal, contestó: “¿Preguntas? Preguntas van a tener que responder ustedes, no yo”.

Dalbón, al formular una última conclusión sobre la declaración de la ex presidenta de la Nación e inminente vicepresidenta, se remitió a lo que dijo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: Cristina “derrumbó toda la acusación”, dijo el abogado.