Al opinar sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Mauricio Macri para crear un ente autárquico que maneje el Programa de Protección de Testigos, la abogada Graciana Peñafort sostuvo que el gobierno no logró cumplir su objetivo porque “la Oficina” respectiva “seguirá donde estaba”, que es en la órbita del Poder Ejecutivo.

La medida presidencial fue objeto ayer mismo de cuestionamientos de la Cámara Federal de Casación Penal, que mediante una nota a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, objetaron el procedimiento de un DNU para adoptar el cambio de jurisdicción del Programa.

Según interpretaciones ampliamente coincidentes en el ámbito político y periodístico, el propósito del oficialismo es que el Programa de Testigos Protegidos no esté bajo la órbita del nuevo gobierno que encabezará Alberto Fernández, porque podría revelarse que fue usado para que supuestos “arrepentidos” inventaran acusaciones contra Cristina Kirchner y otros dirigentes de su sector.

Peñafort, en diálogo con , se limitó a explicar que el propósito de la norma dictada por el presidente de la Nación era que dicho Programa no dependa del Poder Ejecutivo como ocurre actualmente. 

“Es un decreto que indudablemente no cumple los objetivos que ellos tenían en mente”, indicó Peñafort a y agregó que “manifestaron que querían que la Oficina (de Protección de Testigos) se fuera de la órbita del Poder Ejecutivo, pero continúa en esa órbita; y de hecho se queda en el mismo lugar donde estaba, que es el ministerio de Justicia”. 

Para la abogada, el DNU “es un borrador que sale publicado más por compromiso que por la intención real o la posibilidad real de generar un cambio”. 

“Creo que hubo problemas con los testigos arrepentidos, pero no debo ser yo quien lo diga, eventualmente habrá una auditoría, y habrá que juzgar la situación”, agregó la profesional del derecho y militante peronista. 

El gobierno dictó ayer el DNU 795/2019 que crea una Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, que según indica su texto “funcionará en el ámbito del ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el carácter de ente autárquico dotado de autonomía funcional”.

Posteriormente, seis miembros de la Cámara Federal de Casación Penal le enviaron una nota al presidente de la Corte Suprema de la Nación criticando el DNU. 

Afirmaron que “resulta sobradamente conocido que la admisión de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo con invocación del inciso 3° del artículo 99 constitucional, se realiza bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a estrictas exigencias, ello con ajuste a la vigente”.

El documento firmado por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma, Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, expresa que una norma así “debe acreditar que la situación no puede ser solucionada en un plazo incompatible con el que demanda el trámite legislativo correspondiente, tanto más si median iniciativas con tratamiento parlamentario”.

El diputado nacional por Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau también opino sobre el decreto en redes sociales y expresó que “crea una agencia para los testigos protegidos” y aclaró que “quieren tapar los armados ilegales que hicieron con arrepentidos forzados o pagados”; por lo que “Macri y Garavano han incurrido en el encubrimiento de la asociación ilícita que integran”. 

Peñafort también opinó sobre el tema a través una seria de tuits, donde explicó que “un caso bastante paradigmático es el de Leonardo Fariña, que según dicen las crónicas mantuvo el régimen de testigo protegido por mucho más tiempo que el permitido y en condiciones preferenciales”.

“La pregunta que me queda es cómo justificarán que Fariña tenía custodia y no podía trabajar, entonces era el Estado el que lo mantenía”, pero en cambio “sí podía ir a los programas de TV para hablar de las causas en las que era testigo”, razonó la experta en derecho penal a través de Twitter.

Cristina y la justicia

En sus declaraciones a , Peñafort fue consultada sobre el pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner -rechazado ayer por los jueces- para que se televise su declaración del próximo lunes en el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. La letrada dijo que le “preocupa mucho” que se haya denegado esta solicitud.

“Me parece violatorio porque el juicio a la vicepresidenta electa es un tema de interés público y ella manifestó su interés” en hacerlo. “No entiendo por qué se niegan a autorizar la transmisión”, dijo la abogada, y precisó que “no están haciendo obligatoria la transmisión, solo se les solicitó que permitan que sea televisada”. Consideró que dentro de los procedimientos judiciales, “esas cosas tienen que cambiar”. 

Señaló asimismo que espera “que cambie la lógica de Tribunales y que la política deje de impulsar que los tribunales violen la ley”. Peñafort remarcó que algunas cosas empezaron a cambiar, como por ejemplo “con la implementación del nuevo Código Procesal, con la idea de revalorizar la presunción de inocencia, el límite en las prisiones preventivas y el derecho al debido proceso”, afirmó.