Rubén Ramos, secretario general de la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) presentó ayer en el juzgado 69 una ampliación de la denuncia que realizaron en agosto contra el gobierno, por la modificación del convenio colectivo de empleados estatales; ya que el decreto  788/2019 publicado el martes homologa el nuevo régimen de ingreso a cargos directivos.

El abogado indicó a que el decreto “es de una gravedad inusitada” porque el convenio colectivo que homologa crea “una nueva carrera administrativa que está armada para dejar en su cargo a 3.550 funcionarios de este gobierno”, que son “directores nacionales, directores generales y coordinadores de los organismos del Estado nacional”.

“En agosto hicimos una presentación a través de un amparo y de una medida cautelar por la modificación del convenio colectivo en el cual crean esta nueva estructura, y lo que hace el decreto es homologar las dos actas, una del 6 de junio y otra del 22 de julio, que se firmó entre UPCN y el estado nacional”, explicó Ramos.

Y remarcó que “más allá de que hay un montón de violaciones constitucionales como el derecho a la carrera consagrado en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, faltando 10 días para el cambio de mando, no se puede hacer una modificación de esta naturaleza, y pasar de una estructura como el Sinep a crear una estructura para estos directivos; éticamente no corresponde”.

Tanto la AGAE como ATE Capital criticaron la publicación del decreto porque implica remuneraciones más altas, menos requisitos para el ingreso, y tiene el objetivo; según denunciaron, de “que tengan estabilidad” funcionarios “puestos a dedo” por el presidente Mauricio Macri.

El secretario gremial de ATE Capital, Pablo Guevara, sostuvo que “ese decreto tiene la misma orientación que tenía sobre la reforma del Estado el macrismo, por el cual, además de otorgarle un importante aumento a los directores nacionales, establece un mecanismo para darle algún tipo de estabilidad a algunos funcionarios puestos a dedo por el gobierno de Macri e intentar quedarse en sus cargos después del 10 de diciembre”.

AGAE indicó en un comunicado que este nuevo régimen de ingreso a cargos directivos tiene “exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función, con retención de categoría, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente”.

Sobre las indemnizaciones, Guevara explicó a que “prevé un mecanismo de estabilidad por 5 años para los directivos y que si por alguna razón de reestructuración o porque el siguiente gobierno decidiera que no continuarán, les garantizan esa indemnización de 5 años”. 

“Son cargos de direcciones nacionales, algunos debieran ser cargos políticos y otros ser concursados; el problema es que llenaron todos esos cargos a dedo con gente de afuera y con intereses contrarios a los del Estado nacional porque los directores eran designados en lugares donde quienes debían controlar, venían de las empresas que tenían que ser controladas”, completó el gremialista.

Guevara advirtió que “algunos de los funcionarios que hicieron concursos con irregularidades bajo este otro régimen van a intentar invocar esta normativa para decir que tienen estabilidad y quedarse en esos cargos”.

“Es un acto más que este gobierno pretende imponerle al gobierno siguiente, cuando no solo está en un proceso de transición sino que se ha decidido optar por otro rumbo”, definió y sostuvo que “como la implementación debe hacerse a partir del 1 de enero y como está claro que el próximo gobierno no tiene estas prioridades sobre el Estado, consideramos que todo eso debe postergarse y reevaluarse”.