Luego de denuncias y protestas de los gremios del sector, el gobierno nacional postergó la licitación de las terminales del puerto de Buenos Aires. La asociación del personal de dirección había calificado al proyecto como “harto sospechosa”, mientras el máximo dirigente portuario, Juan Carlos Schmid, dijo que se sospechaba de “un negocio inmobiliario” y era “ilógico” lo que pretendía hacer el gobierno de Mauricio Macri a “ocho días de terminar su mandato”.

Las autoridades de la Administración General de Puertos (AGP) emitieron la resolución 174/2019 que posterga la apertura de las ofertas, programada inicialmente para este 2 de diciembre, y fija la fecha para el 20 de marzo del año que viene. Durante meses, los trabajadores nucleados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra) habían insistido con su rechazo. 

Ayer, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, integrante de Fempinra, dijo en un comunicado que “las autoridades portuarias dieron marcha atrás con un proyecto de licitación harto sospechado de direccionamiento y de priorizar intereses inmobiliarios privados por sobre la soberanía portuaria nacional, además de poner en riesgo miles de puestos de trabajo de la actividad portuaria y marítima”.

Juan Carlos Schmid, secretario general de la federación, declaró a VFC que ya habían “hecho una serie de cuestionamientos hace más de un año atrás acerca de lo que nosotros consideramos una concentración del negocio portuario, y en segundo lugar, porque nos parece ilógico que a ocho días de que termine el mandato, se abra una licitación de esta naturaleza, con la responsabilidad tanto política como jurídica que implica”.

Según las críticas de los gremios, el objetivo de esta licitación es la transferencia de los terrenos de la zona denominada “Puerto Sur” para utilizar como negocios inmobiliarios, y cuyo fin es crear una zona similar a Puerto Madero. 

Y en cuanto a la licitación propiamente dicha, los trabajadores denuncian que la empresa PSA de Singapur es la candidata a quedarse con el pliego. Relacionan ese dato con el hecho de que Nicolás Caputo, íntimo amigo del presidente Mauricio Macri, es cónsul honorario de Singapur en Argentina. Cabe remarcar la particularidad de que siendo un ciudadano argentino, llamativamente el allegado al jefe del Estado es cónsul de otro país y además en carácter “honorario”.

Schmid indicó hay sospechas sobre “un negocio inmobiliario, que esto concentraría la carga del puerto y que hay un negocio a través de la licitación que está direccionada hacia algún operador”, dijo sin dar precisiones. “Pero lo cierto es que lo más transparente es que un gobierno que está saliendo no tenga una licitación del puerto de Buenos Aires, que es el puerto más importante de carga general del país, en el medio del ingreso de otras autoridades”, dijo el gremialista.

Gonzalo Mórtola, interventor de la Administración General de Puertos, indicó en la resolución que “ante la incesante recepción de consultas económicas y técnicas de posibles operadores nos parece razonable y certero posponer la apertura de ofertas”. 

Resaltó que “de esta manera, no solo se les brinda a los interesados más tiempo para perfeccionar sus proyectos si no que el gobierno entrante tendrá la posibilidad de interiorizarse en profundidad de todo el proceso que de por sí es muy complejo”.

De la “preocupación” a la “buena noticia”

Hace dos meses, el Partido Justicialista (PJ) había expresado su “preocupación por este intento de transferir la administración del puerto de Buenos Aires de la órbita nacional, que hoy depende de AGP, un organismo que funciona dentro del ministerio de Transporte, para que pase a administrarlo el gobierno de la ciudad”.

Un comunicado emitido en esa ocasión por José Luis Gioja, presidente del partido, sostuvo que la operación “implica la venta con fines inmobiliarios de grandes terrenos de Dominio Público nacional sin la debida intervención del Congreso de la Nación”. Advirtió también que perjudicaría el federalismo porque dejaría “en situación vulnerable a las economías del interior del país frente al criterio concentrador y centralista de la capital”.

El comunicado de ayer de los trabajadores portuarios advierte que “aún se mantiene latente la posibilidad de condicionamiento a la futura gestión nacional, por parte de autoridades portuarias y sus socios políticos de otras dependencias públicas relacionadas con el área de Trabajo, ya que se encuentra en análisis en el ministerio de Transporte de la Nación un proyecto de levantamiento de la intervención de la AGPSE (Administración General de Puertos Sociedad del Estado) que prioriza sus intereses políticos frente a la realidad portuaria nacional y la demanda del mercado local e internacional, además de dificultar la legítima representación de los trabajadores del sector”.

Además, por la tarde se presentó un proyecto de declaración “de interés federal del Puerto de Buenos Aires”. La propuesta fue elaborada por la diputada Fernanda Vallejos y acompañado por el senador Pino Solanas y el diputado Guillermo Carmona, y además participaron los trabajadores del sector y sus principales dirigentes.

“Es una buena noticia el acuse de recibo del gobierno desistiendo de la licitación originalmente prevista para el 2 de diciembre, por lo que venían reclamando con fuerza los gremios del sector”, indicó la diputada Vallejos.

La propuesta de declaración que presentaron instruye al Poder Ejecutivo nacional “a abstenerse de realizar cualquier acto que modifique la situación jurídica, empresarial o dominial del puerto”.