La gestión de Mauricio Macri, próxima a finalizar, quedó envuelta en un escándalo auto-generado en relación con la nueva reglamentación para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho que rige en el Código Penal desde hace un siglo para casos de abortos No Punibles. El protocolo respectivo fue publicado el miércoles en el Boletín Oficial y al día siguiente el mismo gobierno decidió anularlo.

El presidente instruyó a la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, para que derogue la resolución 3158/2019 que publicó el miércoles en el Boletín Oficial a través de la secretaría de Salud de la Nación, y que actualizaba la reglamentación de la ley del año 1921, que establece un protocolo para la Interrupción Ilegal del Embarazo (ILE).

Luego de la reunión de gabinete en el día de ayer, Stanley dijo que “el protocolo va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta” y agregó que “debe tener trámite legislativo”, a pesar de que había sido publicado en el Boletín Oficial, herramienta que controla el Ejecutivo a través de Legal y Técnica.

“Tiene que ver con una cuestión de forma y cómo se toman las decisiones en el gobierno”, dijo Stanley, mientras que su par Alejandro Finocchiaro, responsable del ministerio de Educación y que ofició de vocero en el asunto, sostuvo ante la prensa que “no se hace un juicio de valor sobre el fondo” del tema “ni tampoco sobre la persona del secretario de gobierno de Salud” Adolfo Rubinstein, de quien trascendió que se le había pedido la renuncia.

Ginés González García, ex ministro de Salud durante el gobierno de Néstor Kirchner, calificó como un “mamarracho” lo que hizo el gobierno, y aclaró que “el protocolo es una guía de procedimientos sobre cómo se debe actuar ante la ley, para darle información a los equipos técnicos que tienen que intervenir en un caso donde la ley tipifica que se debe hacer una interrupción legal del embarazo”.

“Existe hace prácticamente 100 años, y eso debe ser actualizado, hay un fallo de la Corte Suprema que dice que el Estado debe actualizarlo”, indicó el reconocido sanitarista que fuera integrante del gabinete nacional. Agregó que “lo que hizo el departamento técnico fue hacer la actualización que corresponde a un nuevo Código Comercial y Civil que tiene la Argentina, y con respecto al conocimiento, ha habido innovación en algunos medicamentos recomendados por la OMS (Organización Mundial de la Salud)”.

El médico, ex ministro y dirigente peronista insistió en que “no hay ninguna modificación, ni ninguna ley nueva, no hay ninguna cosa que no sea mantener informada a gente que tiene que ejecutar el procedimiento, y el presidente o el jefe de gabinete no quieren que así sea”.

Anulación y críticas

Desde el oficialismo, el senador (próximo a terminar su mandato) Federico Pinedo fue uno de los primeros que alzó su voz contra el nuevo protocolo, cuando el miércoles sostuvo a través de Twitter que le parecía “lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”.

Luego felicitó al presidente Macri por “anular el nuevo protocolo para la ILE”, cuando corrieron rumores de que le habían pedido la renuncia a Rubinstein, responsable de la política de Salud en un área cuya jerarquía institucional Macri rebajó de ministerio a secretaría.

Para González García, “lo que hizo Rubinstein fue justamente eso: incluir las innovaciones sobre cómo se debe hacer una interrupción legal del embarazo, pero de ninguna manera inventó nuevas causales para despenalizar el aborto, como dijo algún sector”.

La escritora y periodista Ana Correa, autora del libro “Somos Belén” sobre una joven que estuvo presa porque tuvo un aborto espontáneo en Tucumán, sostuvo que lo que dijo Pinedo “es absolutamente falso”. Explicó que “por primera vez se iba a respetar la ley de 1921, porque tenía rango ministerial. No es que se daba un paso adelante, o se acercaba a la legalización del aborto”, sino que “simplemente se cumplía la ley del año 1921”.

Rubinstein, el actual secretario de Salud, dijo el miércoles acerca del protocolo que “era un enorme avance tanto en la protección de los derechos de las mujeres” como en “la equidad de la salud pública”, porque por “primera vez adquiere jerarquía de resolución ministerial, y se le ha dado una entidad jurídica más robusta a la protección de los derechos que hoy existen”.

Otra voz disidente dentro del propio Cambiemos fueron las diputadas y diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes firmaron un comunicado donde expresaron su “profunda preocupación” por lo sucedido, y remarcaron que el protocolo “busca garantizar la interrupción del embarazo en los casos previstos por el Código Penal de la Nación, que impliquen riesgo en la vida o salud de la mujer o en casos de violación".

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito también repudiaron lo ocurrido y calificaron la decisión presidencial de derogar la normativa como “arbitraria, ilegítima y vergonzosa”.

“La actualización del protocolo hubiera sido una mayor claridad legal en las prácticas ILE, una protección hacia las mujeres y especialmente la adaptación del Protocolo al Código Civil y Comercial en resguardo de niñas y adolescentes menores de 15 años que prohíbe como regla, la sustitución del consentimiento”, afirmaron en un comunicado, aunque aclararon que “todo esto era obligatorio para provincias con o sin protocolos”.