Una de las decisiones más resonantes de quita de derechos durante el gobierno de Mauricio Macri en sus comienzos, que fue haber dado de baja más de 60.000 pensiones por discapacidad, quedará sin haberse resuelto al finalizar su gobierno. Las mismas debían ser restituidas a partir de septiembre por una medida cautelar judicial, pero personas afectadas denunciaron que no cobraron nada.

Ayer se realizó una nueva audiencia dispuesta por la jueza federal de Seguridad Social Adriana Cammarata, ya que representantes de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) reclamaron a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por la falta de cumplimiento que alegan una parte de los damnificados por el recorte de pensiones.

Varina Suleiman, abogada de REDI, explicó a que “muchas personas se comunicaron con nosotros y dijeron que ellos no han cobrado, entonces lo que hicimos fue pedir que se intime al Estado, y la jueza así lo hizo, para que demuestre que ha dado cumplimiento a las medidas”.

Aunque aclaró que “esas demostraciones del Estado sobre cómo devolvían y cómo hacían las liquidaciones a nosotros nos resultan insuficientes”, porque “ha acompañado los datos con cuentagotas o con parte de la información”. Desde la Red plantearon que “cuando se acompaña parte de la información no hay un incumplimiento parcial, porque como no me deja ver lo que hay en definitiva, es como si no hubiera acompañado nada”.

La medida cautelar se originó a partir de un amparo colectivo presentado por REDI, luego que el ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley haya dado de baja alrededor de 60.000 pensiones no contributivas para personas con discapacidad entre 2016 y 2017.

Ahora piden más tiempo

En la audiencia de ayer, ante el pedido de la jueza Cammarata, los funcionarios de la Andis dijeron que van a necesitar alrededor de 30 días para poder entregar estos datos. La abogada dijo que “30 días implica que va a venir una nueva gestión, y la nueva gestión les puede decir que nadie les pasó la documentación o nadie hizo ese trabajo porque ya se estaban yendo”.

Entre las razones por las cuales la Agencia de Discapacidad dice que va a tardar tanto tiempo está el hecho de que no tienen personal, algo que para Suleiman “es entendible porque hubo muchos despidos” en el área.

En definitiva, y esto es lo que resaltó la abogada, desde Andis les ofrecieron obtener los datos directamente de sus registros, de modo que cuando que la jueza apruebe este procedimiento “el experto en informática de la Cámara de Apelaciones y el secretario del juzgado van a ingresar directamente al sistema de la Andis, y van a traer todos los datos para poder saber cuántas pensiones se cortaron, cómo y cuándo se cortaron, y cuando se rehabilitaron”.

Suleiman aclaró que “las denuncias” que recibieron de las personas con discapacidad fueron realizadas “porque no se ha pagado y no se ha cumplido todo”. Añadió que “cuando en julio iniciamos la ejecución quedó demostrado esto, porque rehabilitaron 3.166 pensiones, o sea que era evidente que no se habían rehabilitado todas, y cuando pagaron, pagaron de menos”.

“Ellos dicen que el problema es que ordenan pagar a la Anses, y que la Anses pudo haber tenido problemas en la liquidación”, completó.

Otro dato que aclaró la abogada es que la orden de restitución se realizó para personas que tienen certificado de discapacidad, pero si hay una persona que es portadora de VIH, que recibió la pensión pero no tiene el certificado, esa persona no entra dentro del colectivo del juicio y queda afuera del beneficio.

El próximo gobierno

Consultada sobre lo que debería hacer la gestión de Alberto Fernández en esta materia, Suleiman expresó que “va a tener que tomar primero una decisión muy importante sobre si continúa la apelación ante la Corte Suprema que planteó este gobierno, o si considera que tiene que desistir de esa apelación”.

Y de acuerdo a eso, tiene que definir “si va a pagar todas las pensiones”, algo que “está atado a lo primero, porque si desiste de la demanda tiene que ponerse a pagar”.

La representante de REDI agregó que “otra decisión es ver qué está pasando con tantas pensiones que llevan tramitando y todavía no se han otorgado”.

Para la abogada, la política en materia de discapacidad del gobierno de Cambiemos “no ha tenido en cuenta a las personas sino que ha tomado a los derechos sociales como un gasto público del que puede prescindirse”.

“Por eso cuando tuvo que ajustar las cuentas fiscales a causas de la pérdida de soberanía económico-financiera que ocurrió con el préstamo del FMI, decidió hacerlo a costa del recorte de derechos de las personas”, concluyó Suleiman.