Un informe de Proyecto Económico, equipo dirigido por la diputada nacional Fernanda Vallejos advirtió que por las modificaciones impositivas que promovió durante el gobierno de Mauricio Macri, se produjo una transferencia de 690 millones de pesos desde el Estado al sector privado. De ese modo, el sector público perdió recursos que podrían destinarse por ejemplo a políticas en favor de “los sectores más vulnerables”, o a medidas económicos para fomentar “el consumo interno y la producción”.

Las principales modificaciones que mencionaron los economistas fueron “aquellas que impactaron sobre los derechos de exportación, primero disminuyéndolos o eliminándolos, y después definiendo una cantidad fija en pesos, la reducción en las alícuotas en el impuesto a los Bienes Personales y el establecimiento de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales”. 

Vallejos, actual diputada de Unidad Ciudadana-Frente de Todos y ex funcionaria del área económica en el gobierno de Cristina Kirchner, dijo en declaraciones a que “en el plano impositivo y teniendo en cuenta el retroceso fuertemente regresivo que se produjo en los últimos cuatro años, el desafío” para el próximo gobierno “es ir a un esquema progresivo tanto en materia de gasto como de recaudación”.

En el estudio realizado, los autores detallaron que por “el mero efecto de las modificaciones en los impuestos seleccionados, el Estado Nacional dejó de recaudar 483.632 millones de pesos, que equivalen a 690.825 millones a precios de 2019”. 

“Esta política impositiva benefició fundamentalmente a las empresas (vía cargas patronales), a los exportadores agropecuarios (mediante la rebaja en las retenciones) y a las personas físicas de mayores ingresos (por la reducción de la alícuota de Bienes Personales)”, definieron en el informe.

Vallejos, en su diálogo con este portal de noticias, dijo que “habida cuenta de la enorme deuda social, laboral y productiva que deja el gobierno de Macri, es una responsabilidad ineludible asumir esa responsabilidad con el problema del hambre como punto número uno en nuestra agenda”, dijo en referencia al futuro gobierno. Agregó que “en ese marco, toda la política económica tiene que estar orientada a promover el crecimiento y la generación de riqueza y también hacia una distribución más justa de la riqueza que se genera en la Argentina”. 

El informe destaca que por las reformas en los tres tributos, en 2019 el Estado perdió 1,2% del PBI en ingresos, y ese monto habría alcanzado para cerrar el déficit primario, que según encuestadores privados cerrará el año en 1%.

Para la diputada y economista, lo primero que debe hacer el próximo gobierno “es mejorar los ingresos de los argentinos; estamos hablando de las jubilaciones, de los salarios tanto públicos como privados, y todos los ingresos; y mejorar la participación de los impuestos progresivos en la recaudación, como es el caso de bienes personales o las retenciones vinculadas a rentas extraordinarias”.

“Hay que entender que la mejora de los ingresos no solo es un acto de la justicia, así como la lucha contra el hambre es un imperativo moral, también es de plena racionalidad económica porque son medidas que en realidad se constituyen como condición para el propio crecimiento, y ergo, para la mejora de la recaudación del Estado, que se mueve al compás del crecimiento de la actividad económica”, explicó.

Asimismo, remarcó que “de la misma manera una distribución más justa, cristalizada en un esquema tributario más equitativo y más efectivo, también es determinante de un crecimiento más potente de la economía”. 

Si se observan la totalidad de los fondos impositivos que recauda la Nación en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) -que representa el total de la riqueza nacional producida durante un año-, se comprueba que en 2015 los recursos obtenidos llegaban al 25,8% del PBI, mientras que en los primeros nueve meses del año alcanzan el 20,8% del mismo para el periodo. 

En el informe aclararon que una variable fundamental para analizar la política tributaria “tiene que ver con la recesión económica permanente durante los años de gobierno de Macri, a excepción del año 2017”. 

“Esto último debe servir como aprendizaje para las políticas tributarias futuras, entendiendo que más que discutir presión tributaria, debe centrarse la política económica en recuperar la demanda agregada y así, el crecimiento”, explican los investigadores especializados. Enfatizaron que “una economía en marcha permite aumentar la recaudación mejorando las cuentas públicas e incrementando los grados de libertad para hacer política económica”.

Los impuestos modificados

En el documento del equipo Proyecto Económico, puntualizan que el impuesto a los Bienes Personales tenía en el año 2015 alícuotas aplicadas a partir de un mínimo no imponible de alrededor de 30.000 dólares, que eran de 0,5%, 0,75%, 1% y 1,25% para las distintas categorías de contribuyentes.

El gobierno de Cambiemos, entre 2016 y 2018, llevó el impuesto a una alícuota única de 0,25% y un mínimo no imponible más elevado, y luego volvieron a modificarse este año, manteniendo el 0,25% para la categoría más baja, y la segunda en 0,5% y la más elevada de 0,75%.

En el caso de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, el equipo de la diputada Vallejos explicó que “una de las primeras decisiones que tomó” el gobierno fue “la eliminación de los Derechos de Exportación a todas los productos agropecuarios e industriales” y las “retenciones a la soja disminuyeron del 35% al 30%, estableciendo a su vez una política de baja gradual del 0,5% mensual que se detuvo hasta alcanzar un 25,5%”. 

Aclaran que a partir de septiembre de 2018 y en función “incrementar las vías de recaudación para poder cumplir con las metas fiscales que Cambiemos se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional”, se reestablecieron los derechos de exportación a todos los productos primarios definiendo una suma fija de 4 pesos por dólar exportado y de 3 pesos por cada dólar exportado en bienes industriales y de servicios.  

Al analizar las contribuciones patronales, afirmaron que el gobierno macrista hizo una reducción gradual de este impuesto “estableciendo un mínimo no imponible que alcanzaba a los 12.000 pesos para el año 2022”. Este medida “impactó en una merma recaudatoria del fisco en beneficio de las empresas, y no se tradujo en un incremento del empleo formal, tal como lo prometieron los funcionarios del Poder Ejecutivo cuando explicaron los fundamentos que justificaron la decisión”, afirma el informe del equipo de Fernanda Vallejos.