El secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), José Schulman, destacó la importancia del informe de un Relator especial de Naciones Unidas sobre el funcionamiento del sistema judicial de nuestro país. Explicó que “el objetivo principal de nuestra presentación” en mayo de este año “fue resaltar que los compañeros son presos políticos y que están encerrados por causas fraudulentas”.

“Sin idealizar, ni tener falsas expectativas, este es un camino práctico para lograr que caigan las causas para una gran cantidad de compañeros como Milagro Sala, Amado Boudou, Luis D´Elía o Julio de Vido”, declaró el militante a , y añadió que están “intentando que se generen condiciones para que se comprenda que las causas han sido armadas con premeditación y alevosía”, aunque advirtió que “cada caso y cada causa habrá que discutirla”.

Schulman fue uno de los tres representantes de organismos de derechos humanos, junto al abogado de Julio de Vido, Maximiliano Rusconi, y a Emanuel Desojo, que en mayo viajaron a Lima para mantener una entrevista con el Relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayán.

Mayo/2019. De izq. a der. abogados Rusconi y Desojo, relator García Sayán (ONU) y Schulman.

El representante de la ONU, luego de evaluar las denuncias, aceptó los requerimientos y elevó un informe al gobierno de Mauricio Macri donde le pide explicaciones sobre la existencia de un “plan sistemático y estructural de amedrentamiento del poder judicial de la República Argentina”.

El documento del funcionario internacional interpela al gobierno ya que “los actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia, obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo”.

En ese sentido, advierte contra el disciplinamiento “a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.

Schulman indicó que este pedido “abre un período de interpelación al Estado argentino porque los que deben responder son las autoridades del Estado, no importa que esté Macri o esté Fernández; y da cuenta de un proceso largo de subordinación del poder Judicial al poder Ejecutivo, como nosotros denunciamos”.

Opinó que al gobierno de Mauricio Macri “le convendría dar una respuesta”, aunque aclaró que “está en un problema”. Explicó que si lo hace “tiene que dar explicaciones muy difíciles de resolver, y si no, se expone a que” lo haga “el gobierno de Fernández” una vez que haya asumido.

Consideró que “una de las posibilidades es que el gobierno de Fernández diga sí, aceptamos la responsabilidad del Estado argentino que durante la gestión de Macri violó la autonomía del poder judicial; y le genere un problema mayor”. Pero aclaró que “es una situación bastante complicada para Macri, (el ministro) Garavano, (el juez) Bonadío, (el fiscal) Stornelli, (el juez de la Corte) Rosenkrantz y todos los que han contribuido por acción u omisión a crear esta demolición del Estado de Derecho en la Argentina”.

Hechos mencionados en el informe

Para el secretario nacional de la LADH, “se abre un proceso de discusiones y de debate sobre que pasó en Argentina en estos años, que realmente puede ayudar mucho a clausurar una etapa nefasta de persecuciones, de causas fraudulentas, de encubrimientos, de impunidad para los agentes represivos como en el caso Maldonado o Rafael Nahuel”. 

Algunos de los hechos que menciona el informe son la utilización del Consejo de la Magistratura para presionar a los jueces a través de la comisión de disciplina, la designación de dos jueces en la Corte Suprema por decreto, el ataque a la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la designación “ilegal” del juez Cullota en el juzgado electoral de La Plata; la manipulación de fiscales en la causa Correo y el ataque al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

El reconocido militante de derechos humanos indicó que “estamos en condiciones de demostrarles que la pérdida independencia y de credibilidad de la justicia se debe a una operación específica que empujó el macrismo y el gobierno de Estados Unidos”. 

Y remarcó la necesidad de que “se abra un debate sobre cómo puede ser la democratización del poder judicial”, ya que “estos jueces no solo hacen persecuciones políticas sino hacen grandes negocios y encierran a empresarios para sacarles plata, como acaba de denunciar el dueño del canal de noticias C5N”.

“En una sociedad que vive en estas condiciones todo se deteriora, por lo tanto no solo estimo que van a estar interesados los sectores más comprometidos con los cambios en la democracia de Argentina sino que el conjunto de la sociedad, que ha reclamado siempre una justicia creíble e independiente”, concluyó Schulman.