Dos días después de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Alberto Fernández, el gobierno nacional que conduce Mauricio Macri publicó en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia que permite modificar el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, con el fin de "incrementar los créditos presupuestarios para incorporar el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas dictadas durante el presente año". 

Entre esas mejoras, se encuentra el pago de aumentos de salarios, jubilaciones y pensiones a agentes de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otros organismos del Estado nacional. Asimismo, contempla la devolución de fondos a las provincias a las que la Corte Suprema dio la razón ante la presentación realizada en oposición a los decretos 561 y 567 de 2019, dictados por Macri dos días después de las elecciones primarias, que ordenaban la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias. 

El DNU 740/2019 tiene un alto impacto en organismos del Estado nacional que tendrán que girar fondos al Tesoro Nacional a través de la emisión de pagarés que serán emitidos con fecha del 13 de diciembre de 2019, y cuyo vencimiento será el 12 de marzo de 2020.

En el artículo 6 del decreto, se establece que el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ente Nacional de Comunicaciones, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística "deberán constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional por pesos sesenta y cinco mil millones" ($ 65.000.000.000), pesos ocho mil cien millones ($ 8.100.000.000), pesos cinco mil quinientos millones ($ 5.500.000.000), pesos cuatro mil doscientos millones ($ 4.200.000.000) y pesos cuatro mil millones ($ 4.000.000.000), respectivamente".

"Siguen saqueando al INTA"

Para Mario Romero, secretario general de Apinta, el gremio que nuclea a los trabajadores del INTA, el decreto "es un eslabón más de la cadena que vienen haciendo para destruir el Estado y especialmente los organismos de Ciencia y Técnica" y agregó que "nosotros como INTA venimos sufriendo esta política desde hace tres años y medio".

En diálogo con , apuntó que el INTA "es un organismo autárquico, que para este año tenía un presupuesto de 7.500 millones de pesos más un refuerzo presupuestario de 400 millones de pesos, y tenía previsto recaudar para este año alrededor de 16 mil millones de pesos. De ese monto, una parte se gasta y el resto va a un fondo nacional de tecnología", explicó.

Romero dijo que "Macri necesita plata y con un decreto de necesidad y urgencia le saca al INTA 8.100 millones de pesos", lo que significa una reducción en el fondo de tecnología. "Siguen saqueando al INTA y dicen que lo van a devolver en marzo de 2020, cuando ellos ya no estén", cuestionó. 

"Nosotros esperamos que en estos días las autoridades del INTA presenten algún requerimiento judicial para frenar esta medida porque si no van a ser responsables ellos y nosotros vamos a ser los que vamos a denunciar a los integrantes del consejo directivo por estos delitos que están llevando adelante", agregó y recordó que "hace dos años que el INTA está paralizado sin una cartera de proyectos y sin financiamiento".

A quiénes alcanza el DNU

El DNU señala en primer lugar que el destino de esos fondos es el pago del incremento del haber mensual del personal militar de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, de los agentes del Servicio Penitenciario Federal, así como de los jubilados, pensionados y retirados de dichas fuerzas armadas y de seguridad. 

El paquete de incrementos incluye además el pago de asignaciones familiares y prestaciones previsionales que paga la Anses, así como pensiones por discapacidad. También indica la necesidad de incrementar presupuestos relacionados a Transporte, Vialidad, Salud y Desarrollo Social, Deuda Pública.

Organismos vinculados  al sector energético también se verán alcanzados por la medida. Según el texto, "es necesario adecuar el presupuesto vigente de la Secretaría de Gobierno de Energía del ministerio de Hacienda, con el objeto de atender las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa)", y que "es menester ajustar el presupuesto vigente del Ente Nacional Regulador del Gas".

Consigna que "las provincias de Entre Ríos, Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán cuestionaron en instancia originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, distintas medidas adoptadas por el Estado Nacional a través de los decretos 561 del 14 de agosto de 2019 y 567 del 15 de agosto de 2019 para asistir a los sectores más vulnerables y a los trabajadores de nuestro país, y solicitaron en forma cautelar que el Estado Nacional suspenda la aplicación esos decretos y de cualquier norma o acto administrativo dictado en su consecuencia".

Añade que "el Alto Tribunal ordenó cautelarmente que los efectos fiscales de la aplicación de las medidas cuestionadas sean soportados con recursos propios del Estado nacional", organismo que "ha asumido esos efectos respecto de las Provincias demandantes". 

Río Negro y Neuquén se abstuvieron de presentar esa medida cautelar apostando a una modificación de esa medida a través del diálogo.