La Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops) aseguró que realizarán una presentación judicial contra el gobierno por la resolución 266 de la Anses del viernes pasado que pasa a planta permanente del organismo a alrededor de 70 jefes de delegaciones de todo el país que ocupaban cargos políticos.  

“El viernes a última hora Emilio Basavilbaso Alvear (titular de la Administración Nacional de Seguridad Social de la Nación) publicó una resolución que pasa a planta permanente a todos los jefes de las delegaciones y directores de áreas centrales del organismo, que son puestos políticos, cargos puestos por la gestión y que fueron los responsables y cómplices del vaciamiento de Anses”, indicó a Andrés Alvarez, secretario de prensa de Apops.

Y remarcó que “por eso exigimos la derogación da la resolución y estaremos presentando judicialmente esta exigencia, ya que no vamos a permitir que se escondan en nuestra casa a quienes además intentaron destruir el Anses; son los responsables del intento de privatización de Anses”.

La medida tomada el viernes deja sin efecto la Resolución DE-A 002 del 7 de enero de 2016 y lo que hace es incorporar a la planta permanente a todos los directivos que se sumaron durante la gestión macrista excepto al director ejecutivo, el secretario general y la secretaría legal y técnica de la Anses.

“Esta resolución pasa a planta permanente a todos esos patrones que persiguieron, que apretaron, que despidieron a trabajadores y por eso estamos exigiendo la derogación inmediata y que, como habían prometido en el 2016, esos jefes de delegaciones y esos directores que ingresaron con Emilio Basavilbaso, se vayan con él”.

De acuerdo al gremialista son alrededor de 70 cargos con salarios que rondan los 200 mil pesos, a los que Álvarez calificó como “los ñoquis de la oligarquía” y señaló que “esos 200 mil pesos que cobran están bastante lejos de lo que cobra un trabajador de Anses que vio afectado su poder adquisitivo producto de la política económica de Macri”.

Durante la gestión de Cambiemos “hubo 90 despidos sin causa que son ilegales, y que en la mayoría de los casos van a terminar revirtiéndose judicialmente”, remarcó.

El Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), solicitó también “la inmediata derogación de esta medida” y Carlos Ortega, su secretario general, indicó que es “una medida extemporánea, y que demuestra la doble moral del gobierno de Cambiemos”. 

“Cuando hacían gala de su poder, planteaban que hasta los coordinadores tenían que entrar y salir, según el gobierno de turno, y hoy quieren colocar una nueva capa geológica en el organismo, sabiendo que se van”, remató el gremialista.

En un comunicado, el sindicato describió que “lo denunciado por Secasfpi es una política que ya se viene aplicando también en organismos como el Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, en el Inadi, en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la Administración General de Puertos y en la secretaría de Legal y Técnica; que con la publicación de las resoluciones 395, 396, 397 y 398 de la Jefatura de Gabinete en el Boletín Oficial están en proceso de efectivización del personal”.