Pablo Guevara, quien es delegado del personal de la Superintendencia de Seguros en ATE-Capital Federal, criticó las designaciones realizadas esta semana de funcionarios de Mauricio Macri con rango de “directores nacionales”, maniobras que empezaron “hace meses” con el propósito de “colonizar el Estado” para desestabilizar a la próxima gestión, dijo el militante sindical.

“Hace ya unos meses este gobierno empezó a hacer designaciones de directores nacionales en distintos organismos que tienen la intención de dejar con estabilidad durante el próximo gobierno a funcionarios que le garanticen o poner palos en la rueda a las políticas que se quieran hacer, o una orientación política afín a este gobierno condicionando las políticas del otro”, explicó Guevara a , y señaló que “quieren colonizar el Estado”.

El gremialista aseguró que “esas designaciones tienen concursos previos con muchas irregularidades que han sido observados e impugnados por ATE”. Agregó que “más allá de estas impugnaciones, el próximo gobierno va a poder revisarlos o dejarlas sin efecto porque es una  cuestión que está en los principios de la administración pública”, donde “todo gobierno nuevo que va a asumir revisa los últimos actos del anterior”, por ejemplo “estas medidas poco éticas y transparentes”.

El tema salió a la luz esta semana cuando el diputado nacional Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria-PJ (FpV), denunció la publicación en el Boletín Oficial de la designación de tres directores nacionales en distintos organismos del Estado Nacional, y la convocatoria para cubrir 313 cargos en los ministerios del Interior y de Justicia, en la dirección nacional de Migraciones, y en las secretarías de Modernización y de Legal y Técnica, entre otras áreas.

“Los muchachos del republicanismo depredador del Estado se preparan para pasar a cuarteles de invierno”, indicó Carmona a través de las redes sociales, y afirmó que “el Congreso debe detener está atrocidad”. En ese marco, envió un proyecto de ley para derogar las designaciones y que además establece que durante “los seis meses previos al año de fin de mandato y de elecciones de medio término, el Poder Ejecutivo no podrá realizar designaciones de personal de planta permanente, temporal y contratado”.  

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, le contestó al diputado y dijo que “se trata de convocatorias a concurso para empleados que trabajan hace más de 10 años en la administración pública nacional”. Dijo que “es una política que se viene desarrollando desde 2016, y que implica el ingreso o permanencia en el Estado bajo criterios de mérito e idoneidad”.

“Cerca de 2.000 concursos”

Desde ATE, Guevara explicó que este llamado a concurso para 313 vacantes “forma parte de otros cerca de 2.000 que están saliendo desde agosto hasta acá, después de las PASO, y son concursos que el ministro había prometido que iba a hacer en el 2016 en un plazo de dos meses, de una manera rápida y eficiente, de acuerdo a sus procedimientos, y que nunca cumplió”.

Otro dirigente de ATE, el secretario Gremial Luciano Fernández, señaló que Ibarra “tenía previsto sacar alrededor de 1.000 concursos antes de las PASO, y cuando perdieron las elecciones decidieron crear un mecanismo más rápido para estos 2000 concursos, intentando crear una expectativa con neto corte electoralista”. Aclaró que “son puras promesas porque más allá de que han agilizado plazos, esos concursos no los van a terminar antes del 10 de diciembre”.

“Es muy reprochable en términos éticos el hecho de que hay más de 70.000 trabajadores sin regularizar, que tienen muchísimos años de antigüedad y han demostrado su idoneidad en el Estado nacional, que no tienen estabilidad y este gobierno se empezó a ocupar primero de los directores nacionales, con esta intencionalidad política”, indicó Fernández, autor de un informe que publicó ATE esta semana acerca de la situación.

Dicho informe destaca que de 6.900 concursos iniciados antes de que Mauricio Macri asuma el gobierno, durante su gestión hubo 1.910 cargos que se anularon por resolución, al tiempo que se dejaron sin resolver otros 3.964, lo que implica un total de 5874 casos.

“L cierto es que han hechos muy pocos concursos”, resumió Guevara, quien luego destacó que “el gobierno anterior había hecho esfuerzos para intentar regularizar a la gente que no fueron suficientes, y tuvieron varios errores, pero hicieron concursos y el estudio revela que el gobierno de Macri destruyó gran parte de esos concursos o los cajoneó”.

“La cantidad de concursos que está haciendo ahora todavía no llega a la cantidad de concursos que destruyó y que había proyectado el gobierno anterior”, afirmó el delegado gremial de ATE-Capital.