La Corte Suprema de Justicia falló ayer contra el gobierno nacional al desestimar su pedido de aclaración respecto de una anterior decisión del máximo tribunal, donde disponía que el Ejecutivo de la Nación debe hacerse cargo de las pérdidas que ocasiona a las provincias la menor coparticipación de impuestos por la rebaja en Ganancias e IVA.

Los jueces Lorenzetti, Maqueda y Rosatti resolvieron mantener firme su posición de que el gobierno nacional asuma con recursos propios los efectos fiscales de la aplicación de los decretos 561 y 567 de rebaja ambos tribunos, sin afectar la coparticipación de las 15 provincias que accionaron judicialmente contra la decisión presidencial.

Los otros dos miembros del tribunal, que son su presidente Carlos Rosankrantz y la vocal Elena Higthon de Nolasco, no intervinieron en la decisión de ayer. El primero por haber votado en disidencia cuando sus colegas emitieron el primer fallo, y la segunda porque en aquella ocasión no había opinado.

Las provincias que accionaron contra el gobierno por entender que los decretos son “inconstitucionales” fueron Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

Conocido la nueva resolución, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, sostuvo que “la Corte acaba de rechazar las presentaciones con las que el gobierno nacional intentó dilatar el cumplimiento de lo ya resuelto, a favor de Santiago del Estero y otras 14 provincias, a las que nos quisieron despojar de nuestros recursos”.

Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, también celebró que la Corte haya vuelto “a pronunciarse a favor de San Luis y de las otras 14 provincias, ordenando a la Nación que restituya el dinero de la coparticipación por la baja del IVA y Ganancias”, dijo el mandatario sanluiseño.

“Debió tener en cuenta costos y efectos”

En su pronunciamiento jurídico, el máximo tribunal del país afirmó que la presentación que hizo el Poder Ejecutivo para pedir aclaraciones no contenía las explicaciones de cuál era la “complejidad técnica” y las supuestas “dificultades” para cumplir con las medidas para esa compensación dictada por la Corte en su fallo anterior.

“Es dable inferir que, al dictar los decretos cuestionados, el Poder Ejecutivo debió cuantificar sus costos y tener en cuenta sus efectos”, indicaron en los fundamentos, y agregaron que “por ello, en el rol que él mismo recuerda de jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país, es quien cuenta con los elementos y potestades tendientes a lograr la efectiva concreción de lo resuelto por este tribunal”. 

Además, los jueces del alto tribunal rechazaron por “improcedente en el marco de una aclaratoria pedida ante el dictado de una medida cautelar”, que se celebre una audiencia pública con las provincias.

Esta instancia había sido solicitada por el gobierno a través de los ministros de Hacienda, Hernán Lacunza, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, quienes argumentaron que realizaban el pedido para “conciliar con las provincias” la forma de afrontar la medida de la Corte.