El contador público Julián Ruiz, integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) afirmó que el gobierno de Mauricio Macri llevó adelante una política impositiva “sin un norte”, y que se “caracterizó por decir una cosa y hacer otra totalmente distinta”.

Precisó que “empezó con un blanqueo, luego una reducción de determinados impuestos como Bienes Personales, el impuesto corporativo de las sociedades, el impuesto a las Ganancias”, para cambiar en su etapa final y “comenzar a poner impuestos a la exportación de servicios y a las exportaciones en general, haciendo una política con la que están totalmente en desacuerdo”.

En declaraciones a , Ruiz puso como ejemplos “esa propuesta de reducir las cargas sociales de las empresas que son micro-pymes, y también la de eliminar dos años antes los descuentos que tenían las contraprestaciones de seguridad social contra el IVA, que tenían las provincias a lo largo del país”.

En definitiva, consideró como “desequilibrado” el sistema tributario, donde “parece que no hay un norte concreto sino que se van tomando medidas en relación a lo que se puede y no a lo que se debe”.

El CESO, dirigido por Andrés Asiaín, publicó un informe donde analizan las propuestas que los equipos técnicos del Partido Justicialista elevaron al candidato a presidente Alberto Fernández. Allí se indica que “las propuestas en materia de ingresos públicos tienen como norte no incrementar tributos indiscriminadamente sino redistribuir la carga tributaria, alivianando el peso que hoy tiene el sistema tributario sobre los sectores populares y la franja media, en especial pymes, asalariados y autónomos, todo ello sin deteriorar las finanzas públicas”. 

Acerca de estas propuestas, Ruiz expresó que “el tema fundamental es que el informe dice que no quieren incrementar la presión fiscal, sino que lo que quieren hacer es una redistribución. Y esto significa que tributen más lo que más tienen, en beneficio de los que menos tienen”, explicó.

El segundo punto que remarcó como importante dentro de la propuesta que recibió Fernández de sus equipos técnicos, es que “para poder reducir aún más la presión tributaria, es necesario incrementar la fiscalización”. Señaló que esto se debe a que “hay un 30% de informalidad dentro de la economía, que en el IVA representan 10.500 millones de dólares al año”.

Según el contador público e integrado del Centro Scalabrini Ortiz, “si pudieras incorporar eso dentro de la recaudación, tal vez tendrías un margen para reducir determinados impuestos a las pymes, que son las que mayor cantidad de empleados contratan y que son las que más se ven afectadas hoy”.

Coparticipación federal

Otras medidas propuestas que evaluó positivamente son los referidos a la coparticipación federal, “que desde el año 94 está en la Constitución Nacional”, recordó. Dijo sobre ese asunto que “es necesario sancionar una nueva (coparticipación) para que los recursos se distribuyan automáticamente, y que no dependa de las ganas que tenga el Poder Ejecutivo de turno de girarle plata o no a las provincias”.

El especialista también valoró la propuesta de maximizar la baja del IVA, “en contraposición a lo que hizo el Ejecutivo en la actualidad”, porque sacarle el IVA a la canasta básica tuvo “un efecto no deseado”, como el hecho de que el destinatario final del beneficio, que tiene que ser esa persona o familia que compra el aceite o la leche, no lo ve reflejado” al realizar la compra “porque le redujeron el IVA pero le aumentaron el precio, y entonces el beneficio se lo queda la cadena productiva”.

Explicó que lo que proponen desde los equipos técnicos del justicialismo es “una devolución del impuesto mediante las tarjetas de débito o las tarjetas sociales, para que pueda llegar a tener cada familia en particular”. De esa manera “sí le devolvés el impuesto a la persona, y le das más poder de compra y generás el efecto que realmente querés”, describió.

La renta financiera y los activos del exterior

Consultado por la posibilidad de gravar la renta financiera, Ruiz consideró que “más que gravarlo hay que reformularlo” a ese tipo de gravamen, porque “en la Argentina hoy por hoy, si vos comprás un dólar y lo enterrás, y lo sacás dentro de cinco años, muy probablemente hayas ganado plata”. Significa que “si hacés un plazo fijo en pesos pagás un 5% y por el dólar enterrado no pagás nada”.

Por lo tanto, el economista del CESO opinó que “hay que hacer un cambio en la normativa del impuesto a las Ganancias sin ponerle un impuesto a la compra-venta de dólares, porque eso debería quedar libre, pero no castigar las inversiones en pesos en detrimento del dólar, que se ve claramente beneficiado”, completó.

Sobre la posibilidad de gravar los activos en el exterior, razonó que “el tema es que las clases más pudientes tienen acceso a armar estructuras off shore legales, que le permiten pagar impuestos en otras jurisdicciones o inclusive perder la residencia en el país”.

Por eso, “los altos patrimonios, las altas herencias, no las vas a terminar cooptando, y a quienes vas a terminar pegándole es a la clase media”, dijo Ruiz, quien concluyó afirmando que “ahí es donde el impuesto se torna distorsivo”.