Un nuevo escándalo enloda al gobierno de Mauricio Macri debido a las denuncias que investiga el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por presuntas operaciones de espionaje ilegal a 21 jueces, sobre quienes se habrían estado averiguando sus entradas y salidas del país. El periodista Raúl “Tuny” Kollman evaluó que “son movidas para presionar” a integrantes del Poder Judicial, de quienes el gobierno podría averiguar si van al exterior “por encima de su poder económico, si está viajando con una amante, o con un empresario con el que hace negocios”.

El abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón, sostuvo que “nadie de buena fe graba, filma o hace un acto ilegal con fines filantrópicos”, por lo tanto “lo que están buscando es carpetear, extorsionar”.

Las maniobras que están bajo investigación se habrían perpetrado mediante consultas ilegales a la base de datos de la dirección nacional de Migraciones. Entre quienes habrían sido víctimas están el miembro de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda.

También la integrante de la Cámara de Casación Ana Figueroa; y jueces federales como María Servini de Cubría, Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y el propio Canicoba Corral, quien dejó su caso al margen de la causa porque de lo contrario debía excusarse de intervenir.

El magistrado a cargo del caso adoptó medidas de prueba para investigar a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Procuración General de la Nación, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval Argentina

Kollman, en declaraciones a , dijo que “es grave que estén sacando información de cualquier persona, pero más todavía de jueces que tienen causas, y da la impresión que eso se hace para presionarlos, para averiguar cuándo entro y salió del país”.

Consideró que “son movidas para presionar jueces”, porque “el que está averiguando eso básicamente quiere saber si alguien está viajando mucho al Caribe o a lugares de esparcimiento por encima de su poder económico, si está viajando con un amante o con un empresario con el que hace negocios”, mencionó como ejemplos.

El profesional de prensa, especializado en información judicial, sostuvo que “los organismos involucrados contestan que en realidad no fue el organismo sino un empleado”, por lo cual interpretó que “la investigación se inclina bastante hacia la venta de información”.

Citó como ejemplo lo que hacía el falso abogado ahora detenido Marcelo D´Alessio, quien “da la impresión de que le pagaba al fiscal Bidone, conseguía la información de entradas y salidas del país de determinados empresarios, y les pedía plata porque si no iban a tener una causa judicial”. Ese tipo de accionar “es como comprar información para extorsionar”, explicó el periodista.

No obstante lo anterior, consideró que “una parte de estas operaciones se hicieron en la Unidad de Información Financiera que ha hostigado mucho a los ex funcionarios” del gobierno anterior y recordó que “el propio Macri ha estado involucrado en escuchas ilegales y en espionaje ilegal”.

“Tengo toda la sensación de que aquí hay de todo, hay estudios de abogados que compran esa información para apretar a los jueces y hay quienes tienen buen vínculo con el gobierno nacional y les querían chupar las medias al presidente con alguna investigación o algo por el estilo”, remarcó Kollman.

“El gobierno de Macri está acostumbrado a espiar gente”

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner, al opinar sobre la investigación que lleva adelante Canicoba Corral dijo que “no es normal que uno no pueda tener privacidad, y deja mucho que desear el Estado de Derecho que estamos viviendo en el gobierno de Mauricio Macri”. 

Para el profesional de la abogacía, es muy grave “todo lo que tiene que ver con espionaje ilegal, inmiscuirse en la vida privada de las personas, y no distingo la diferencia entre un juez y un maestro”, señaló para explicar que en cualquier caso tendría la misma gravedad.

“El gobierno de Mauricio Macri está acostumbrado desde hace mucho tiempo a espiar gente y a grabar conversaciones que no corresponden, lo vimos cuando grababan a la ex presidenta de la Nación con conversaciones privadas que nada tenían que ver con ella, simplemente porque había una causa que involucraba a terceras personas; y después salieron a la luz a través de periodistas inescrupulosos”, indicó en diálogo con .

Sobre la posible extorsión que implica el hecho de que se averigüe sobre la entrada o salida de los jueces del país, Dalbón sostuvo que “nadie de buena fe graba, filma o hace un acto ilegal con fines filantrópicos”, por lo tanto “lo que están buscando es carpetear, extorsionar”.

Agregó que “si vamos a vivir en un país donde cualquiera puede extorsionarte para que hagas una sentencia de determinada manera, a mal puerto vamos a ir con la justicia argentina”.

“Estos cuatro años fuimos escuchados todos, la Big Data y montones de operaciones que han estado al servicio de Macri, a quien le encanta escuchar gente”, amplió el abogado. Aseguró que “hemos sido observados, escuchados, hemos tenido un gobierno que no respetó el debido proceso, la defensa en juicios, no solo por (el juez Martín) Irurzun, sino que también hubo muchas cuestiones que tuvieron que ver con cuestiones ilegales y con causas inventadas”.

Por estos motivos, Dalbón consideró que “vivimos mucho tiempo con una Agencia Federal de Inteligencia que dejó mucho que desear, por eso creo que es un trabajo arduo y muy importante para Alberto Fernández armar una AFI desde cero, con personas profesionales que estén a la altura de las circunstancias, y tener una contrainteligencia importante que defienda tanto los intereses del presidente como de la Nación entera”, argumentó.

Garavano no está “al tanto”

El ministro de Justicia, Germán Garavano, fue consultado ayer sobre esta causa y dijo que “no” estaba “al tanto”, que desconoce “esta denuncia y los detalles”, y que vería “de qué se trata”. 

“Suena extraño, veremos de qué se trata, suena extraño todo; la verdad es que tendrá que ser investigado”, indicó en declaraciones radiales el integrante del gabinete nacional.

La investigación se inició en 2017 a partir de una nota del periodista Carlos Pagni en el diario La Nación, donde afirmaba que había un “círculo negro de espionaje” en torno a la Agencia Federal de Inteligencia.

Para Raúl Kollman, es significativo que “esta investigación se inició en abril de 2017 y que empiece a tener efecto dos años después”, lo cual según su criterio significa “que no quisieron ir adelante hasta ahora”.

“Hay jueces que panquequean por el clima político, pero creo que el nuevo gobierno no debe especular con eso, debe hacer reformas más profundas debe terminar con el fuero federal”, amplió el periodista. A su entender, lo que debería suceder es “que todas las causas penales deben sortearse entre todos los jueces penales y no entre los de Comodoro Py”, porque “ahí hay una elite que extorsiona a la sociedad, que está en combinación con servicios de inteligencia, y hay que terminar con todo eso”, remató.