La senadora nacional Magdalena Odarda, del partido Rio (Rionegrinos por la Igualidad), advirtió sobre la grave situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas de la provincia y también los fruticultores del Alto Valle, y reclamó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “deje de hostigar” con embargos a esos sectores de la producción.

Según declaró la representante de Río Negro en el Senado nacional, “en este proceso de desaceleración económica, próximos a una recesión, con la consecuente caída en el mercado interno y la disparada del dólar, las pymes en nuestro país comienzan a vivir una situación de endeudamiento para poder subsistir en este escenario adverso”.

Agregó que “el otro dato alarmante son los embargos y procesos judiciales que se llevan a cabo desde la AFIP, al que no escapan los fruticultores de las provincias de Río Negro y Neuquén”.

La parlamentaria indicó que “al proceso de endeudamiento generado con AFIP en los últimos años de rentabilidad negativa, se le suman los créditos tomados en el 2017 para realizar las labores de poda y por el plan sanitario, dejándolos en una situación financiera muy vulnerable”.

Señaló que “además, la devaluación se produjo cuando la fruta ya fue comercializada, o sea sin poder obtener los beneficios generados por esta medida, y cercana a la compra de agroquímicos para la próxima temporada, que ya inflacionaron por la suba en el valor del dólar”.

Al hacer referencia a la actitud asumida por el gobierno nacional, la senadora dijo que “la persecución y hostigamiento contra las empresas que hoy se encuentran en una situación vulnerable dada la coyuntura económica, reciben en muchos casos embargos sobre sus cuentas corrientes, dejándolas inmóviles e inoperantes, agravando aún más su desempeño operativo y su insolvencia fiscal”.

Finalizó indicando que “un dato no menor es el doble rol que ejercen los abogados del ente recaudador, como ya lo ha denunciado la CAME, en donde advierte que por un lado ejercen su labor de asesoramiento legal dentro del organismo tributario, y también como impulsores de los juicios contra empresas para el cobro de honorarios”, denunció Odarda.