El procurador General, Jorge Crespo, avaló la constitucionalidad de la ley que prohíbe en el ámbito provincial la instalación de centrales nucleares de potencia, rechazando de esta forma la presentación realizada por el intendente de Sierra Grande Nelson Iribarren.

El titular del Ministerio Público indicó que la Ley 5.227 fue “dictada merced a las facultades otorgadas por la Constitución Provincial al Poder Legislativo” y que “goza de la respectiva presunción de legitimidad y sobre la cual, en mi opinión, el accionante no ha evidenciado en el caso bajo análisis la hipotética colisión que podría tener con la Carta fundamental”.

De esta forma, el procurador descarta una afectación de derechos como plantea el municipio serrano y manifiesta que el “actor que presenta el recurso carece de legitimación activa para su interposición, por lo que no podrá avanzar la acción por esta vía”.

Su acción no es vinculante, pero genera una opinión y marca una señal hacia fuera y dentro del Poder Judicial, ya que ahora deberá definir el pleito el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Crespo advirtió que “para el caso que ese cuerpo (STJ) estimara que el accionante se encuentra legitimado, considero de conformidad a lo antes manifestado que la acción resulta formalmente improcedente”.