Los Legisladores del circuito Alto Valle Centro de Juntos Somos Río Negro, Norma Coronel, Tania Lastra y Alejandro Palmieri presentaron un amplio pedido de informes en el municipio de General Roca, en el que denuncian "una notoria falta de transparencia en la administración del intendente Martín Soria y un claro desapego a las normas administrativas".

La nota fue presentada por mesa de entradas y en la misma se exige que “en un plazo de 96 horas responda a las dudas, sobre todo al ocultamiento de información que debería ser, según todos los ordenamientos administrativos, de dominio público".

En primer término reclaman que "se den las razones de porque no se publican en el Boletín Oficial Municipal las resoluciones vinculadas a contratación de servicios, obras y contrataciones de personal".

El segundo pedido a Soria es para que dé a conocer "el Estado de La Tesorería, durante los años 2017 y el 2018, en forma clara y detallada, tal y como lo obliga la Carta Orgánica Municipal".

Vale mencionar que la última información fiscal, presupuestaria o financiera, publicada por el Municipio y a disposición de los vecinos es del año 2016.

Consultado el legislador sorista Nicolás Rochas (FpV) calificó de “vergonzosa la actitud que está teniendo JSRN. Ellos, los reyes de la oscuridad a la hora de contestar pedidos de informes, vienen a hablar de transparencia”.

Atribuyó la actitud a la “desesperación del oficialismo por el posicionamiento de Soria y el FpV con vistas al 2019, y en querer atacar en ese marco la gestión municipal más exitosa de la provincia”.

Los legisladores del oficialismo denunciaron que “hay un claro incumplimiento del Articulo78° de la Carta Orgánica Municipal, que establece que ‘los estados contables anuales, como así también los estados de ejecución presupuestaria y de situación del tesoro, deberán ser publicados conforme se determine por Ordenanza y ser expuestos en lugares destacados del Municipio para conocimiento de la población”

En cuanto el encuadramiento legal, para exigir una respuesta en un plazo perentorio de 96 horas, se basaron en la ley 24.759, que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fuera firmada en la tercera sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos.