Un fallo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo de Capital Federal, intimó al gobierno nacional a entregar los títulos de propiedad a la comunidad mapuche Tripay Antú, asentada en la ladera oeste del cerro Otto, en la zona de Virgen de las Nieves.

La jueza María José Sarmiento le ordenó al gobierno nacional que "en el término de 60 días le transfiera a título gratuito el dominio de las tierras fiscales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a los efectos de su adjudicación inmediata en propiedad comunitaria al lof Tripay Antú".

La magistrada entendió que "la Constitución reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas" y consideró la extensa trayectoria de la demanda judicial. "Teniendo en cuenta todos los antecedentes no me quedan dudas de que el Poder Ejecutivo tiene facultades para disponer la adjudicación en propiedad comunitaria de las tierras cuya mensura ha sido aprobada por el INAI", indicó.

Antes de la judicialización del caso, la comunidad mapuche transitó un largo periplo administrativo para discutirle ese territorio al Estado. Según fuentes oficiales, Trypay Antú tiene personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) desde 1998. En 2001, la comunidad hizo su reclamo ante el INAI.

Ese organismo fue el encargado, tiempo después, de aplicar la ley 26.160, de 2006, que impidió los desalojos y dispuso la realización de un "relevamiento técnico" para censar a los grupos indígenas.

Según explicaron en el INAI, la comunidad de Virgen de la Nieves tiene el relevamiento territorial finalizado en 2009, con un informe antropológico y la mensura inscripta en el catastro municipal de San Carlos de Bariloche, con las parcelas "A" y "007A". Existieron, en tanto, distintos proyectos para entregar las escrituras, pero no prosperaron.

El grupo Trypay Antú quiere títulos de propiedad para, por ejemplo, poder acceder a servicios públicos que les permitan desarrollar sus actividades productivas. Así, con el patrocinio del abogado Manuel Aliaga, el grupo judicializó el reclamo en el fuero Contencioso Administrativo de la Capital Federal, que regula la actividad de la Administración pública.

"La comunidad está en su legítimo derecho de reclamar la propiedad, de acuerdo a la Constitución Nacional. Pero no hay una ley de propiedad comunitaria. Para que haya una norma de este tipo es necesario un acuerdo federal con las provincias y realizar una instancia de consulta con los pueblos originarios de nuestro país", señalaron en el INAI.

Las 170 hectáreas pertenecen oficialmente al Ejército Nacional pero esta sentencia obliga a traspasar el título a la comunidad mapuche, que desde hace 20 años pelea la propiedad del territorio. En numerosas oportunidades los miembros de la comunidad denunciaron prácticas de tiro en la zona.

Además la comunidad se resistió al proyecto privado para construir una cancha de golf y cuestionó el proyecto para instalar un Parque Central en las tierras.

La comunidad, liderada por la lonko Clorinda Gualmes, se dedica a la agricultura y la ganadería para el autosustento. En 2011, la vecina fue reconocida por el Concejo Municipal barilochense como antigua pobladora de Bariloche.