El gobierno de Río Negro, con la presencia de funcionarios nacionales, presentó el protocolo de actuación para la detención en la vía pública de menores de edad. Allí se fija su traslado a un nuevo dispositivo de alojamiento donde solo hay personal civil y en 24 horas debe resolverse el regreso del chico con su familia o la derivación a áreas estatales de promoción familiar.

El anuncio oficial indica que el objetivo es garantizar el ejercicio pleno de los derechos a niños, niñas y adolescentes, mientras que organizaciones que trabajan en el tema dicen no haber sido consultados.

La presentación se realizó con la presencia de autoridades de la secretaría de Niñez Adolescencia y Familia de la Nación, del ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, y de trabajadores de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia rionegrina (Senaf).

El nuevo sistema de protocolos para la detención de menores dispone su traslado a los denominados Centros de Admisión y Derivación (CAD), de los cuales hasta el momento solo existe uno en la ciudad de Viedma, y mientras tanto los adolescentes son detenidos en comisarías.

Las organizaciones que en el ámbito rionegrino trabajan con las problemáticas de niños, niñas y adolescentes han sido muy críticos hacia la legislación impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck -y avalada por el Superior Tribunal de Justicia-, la cual autoriza a la Policía a detener menores bajo las figuras de “prevención” y “contención”.

Los CAD son centros donde solo hay personal civil y que en el plazo de 24 horas tiene que resolver el regreso del chico con su familia. o la derivación a áreas de Promoción Familiar del ministerio de Desarrollo Social.

El protocolo será aplicado por la Senaf "para que los chicos sean tratados con las garantías de sus derechos y no tratados como adultos", dijo la titular de ese organismo, Roxana Méndez, quien agregó que "con esta nueva herramienta tratamos de ajustarnos a prácticas que garanticen los derechos de los chicos”.

Agregó que “los agentes de cada uno de los organismos intervinientes deben ajustar su accionar a las prescripciones establecidas por las normas de carácter internacional, nacional y local".

Para la funcionaria, “son procesos que se tienen que ir dando para que los adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley cuenten con un respaldo acorde a su edad”, dijo Méndez.

Críticas y “preocupación”

Alejandro Palma, referente del Colectivo “Al Margen” de San Carlos de Bariloche, dijo al ser consultado si conocía el protocolo refrendado por el gobierno que “como no lo hicieron circular ni lo consensuaron, lo único que sabemos es lo que vimos en los medios y nos preocupa, porque no tiene el espíritu que venimos pidiendo los que colaboramos en los barrios”.

Esteban Georgetti, de la Fundación “Creando Futuro”, de Viedma, contó que un día después de la presentación oficial del protocolo, recibió una convocatoria a reunión del Consejo Provincial de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes (que ahora está bajo la órbita de la Senaf rionegrina), ámbito donde se tendrían que haber consensuado las reglas.

“El protocolo lo único que hace es darle organicidad a la práctica de detención de menores en la vía pública. Acá el retroceso está en el pensamiento de los que conducen a la Policía y en los jueces del Superior Tribunal de Justicia, que ratifica que se los puede detener a los chicos en la calle”, dijo Georgetti.