La ciudad de Viedma es sede desde ayer del Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra). En ese marco, el presidente de la organización, Alejandro Amor, informó que el eje central de los reclamos que esos organismos reciben de los ciudadanos en todas las provincias es el tarifazo.

Por tal razón, durante las deliberaciones son abordados temas específicos como las dificultades para pagar las facturas de servicios públicos, dificultades en el acceso a la tarifa social y restricciones de los subsidios en el acceso al consumo.

También se destacan en el temario el protocolo de actuación en clubes deportivos para la prevención e intervención ante situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes, falta de resolución de pensiones asistenciales, y políticas públicas destinadas a los adultos mayores en el marco de la red que coordina la Defensoría del Pueblo provincial.

Al realizarse la apertura de las deliberaciones, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, expresó que se trata de un acto de federalismo "el respetar y tener en cuenta el interior y fundamentalmente tener un país federal en serio".

Sostuvo que “el país no se construye únicamente desde los grandes centros urbanos sino que se hace teniendo en cuenta la realidad regional y local de todos los argentinos, y cuando se tiene que definir una política gubernamental se hace teniendo que entender y reflejar en esa decisión a todos los argentinos, como lo hacemos nosotros interiormente en la Provincia”, señaló el primer mandatario.

Por su parte la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, auguró el mejor de los plenarios “para poder modificar, reparar y proponer la mejor política pública conducente a lograr la calidad de vida que los ciudadanos se merecen”.

El presidente de Adpra es el defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, que fue quien manifestó que el de las tarifas es el eje central de los reclamos a lo largo y a lo ancho de la Argentina.

En declaraciones a la prensa, Amor dijo que “a los pocos días que asumió el presidente Macri y el ministro Aranguren anunció su planilla de Excel, nosotros planteamos la tarifa social, la lógica de razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad y no confiscatoriedad que luego tomó la Corte Suprema”.

Agregó que en aquel momento también plantearon “que los aumentos estuvieran atados a los incrementos salariales, y que se establezca un acuerdo político para el plan de desarrollo energético”.

Por otra parte, el titular del organismo que agrupa a los Defensores del Pueblo se refirió a la inexistencia de una diferenciación en los cuadros tarifarios de acuerdo a la región en que se aplican, y señaló que “eso para nosotros es fundamental”.

Citó por ejemplo el caso “del NEA (nordeste argentino), que está afuera del sistema nacional de gas y se maneja con garrafas con precios muy superiores”. Criticó que “tampoco se tienen en cuenta las condiciones climáticas. No es lo mismo la utilización de gas en la Patagonia que en Santiago del Estero. Pedimos que se entiendan esas realidades regionales”.

En cuanto a las respuestas del gobierno nacional, el funcionario dijo que “logramos que se aceptara y hay más de seis millones de argentinos con tarifa social, aunque reconozco que no alcanza. Mucha gente no está en condiciones ni de pagar la tarifa social porque los incrementos fueron tan altos que incluso la tarifa social se hizo alta. Por eso estamos pidiendo la revisión total del cuadro tarifario”.

Finalmente, indicó que los otros temas que generan mayor demanda en las defensorías son la medicina prepaga, la “reparación histórica” a los jubilados, migraciones, seguridad, políticas de género y discriminación, en ese orden, según informó Alejandro Amor.