La municipalidad de Sierra Grande, a través del intendente Nelson Iribarren, realizó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro la presentación oficial donde solicita que se declare “inconstitucional” a la ley 5.227, sancionada por la Legislatura el año pasado, la cual determinó que en ningún lugar de la provincia está permitida la instalación de centrales nucleares.

La intención es neutralizar esa norma y avanzar con el asentamiento de la planta en el territorio serrano. El propósito está en marcha a pesar de que en el gobierno nacional se admite de la imposibilidad institucional y política de su concreción, tanto por la vigencia de aquella ley como también por los actuales reparos de la administración de Alberto Weretilneck y la resistencia social.

El principal argumento de la presentación ante la justicia es el de la autonomía municipal, recordando que Sierra Grande votó el 17 de diciembre a favor de la instalación, ya que adhirió el 83% de quienes se acercaron a votar en una consulta popular no vinculante.

Tras la presentación, el ministro de Gobierno rionegrino, Luis Di Giácomo, sostuvo que “la ley es claramente constitucional. Hay que ser serios, no se puede violentar lo que es una aprobación o desaprobación social, y más allá de las ideas personales, decimos que no”.

Consideró además que “es legítimo que el intendente de Sierra Grande formalice una presentación judicial, pero dada la mayoría social existente contra la iniciativa en la provincia, debería plantearse en el marco de una campaña y un debate”.

El funcionario provincial evaluó que “puede variar el consenso” pero “son procesos que llevan años”, dijo Di Giácomo.