Trabajadores de la empresa Álcalis de la Patagonia (Alpat) fueron recibidos ayer por los concejales de San Antonio Oeste, a quienes les manifestaron su cada vez más profunda preocupación ante la situación que está atravesando la empresa.

Alpat es una productora de carbonato de sodio propiedad del grupo Indalo de Cristóbal López que atraviesa una compleja situación en la que la Afip le cerró la puerta a cualquier posibilidad de obtener un plan especial de pagos, quita u otro beneficio singular, por lo que los trabajadores que aún no percibieron la totalidad del sueldo de febrero, pusieron al Concejo en conocimiento de los graves inconvenientes.

Pablo Gutiérrez, secretario General del Sindicato de Trabajadores Químicos, fue el vocero en el encuentro con los ediles. Planteó el convencimiento del personal de que la empresa está al borde del cierre.

Según describieron, tras los problemas judiciales de Cristóbal López, la firma perdió estabilidad en el circuito empresarial y se debe manejar por fuera para cumplir con sus compromisos y percibir ingresos por la venta de la producción. Y carecen hasta de cuenta bancaria, aseguraron.

Las dificultades, enfatizaron los trabajadores de ALPAT, puede llevar al cierre de la planta, lo que podría desembocar en una crisis social en la zona con consecuencias impredecibles. Destacaron que una medida clave para el salvataje es tramitar que el pago del gas, elemento vital para el funcionamiento de la fábrica, se pague a mes vencido, y no a mes adelantado como le exigen actualmente.

Eso requiere de un desembolso de unos nueve millones de pesos mensuales, monto en el que se incluyen multas y deudas por atrasos en los pagos.

Los trabajadores relataron que la venta de la producción se vio afectada porque el principal comprador, una fábrica de vidrio, ahora está importando carbonato de sodio y provee a otras compañías. Y precisaron que de 21.000 toneladas mensuales que producían, en la actualidad rondan entre las 13.000 y 15.000.

Frente a este escenario, los representantes gremiales pidieron a los concejales que intervengan de forma inmediata para evitar que se profundice el problema. En respuesta, se comprometieron a impulsar un proyecto de Comunicación dirigida al Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) y al Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Además, acordaron mantener una nueva reunión ampliada a la que convocarán al Poder Ejecutivo Municipal, legisladores y funcionarios provinciales. Se buscará así aunar esfuerzos para vigorizar el reclamo.

Por último, los trabajadores anticiparon que planean avanzar con medidas de fuerza en no más de 48 horas.