La Legislatura aprobó la designación del ex legislador y ex funcionario provincial Fabián Gatti para conducir la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

El oficialismo, bloques minoritarios del Pro-Cambiemos y del radicalismo aportaron los 28 votos afirmativos mientras el Frente para la Victoria rechazó esa designación por la pertenencia de Gatti al oficialismo. 

Los votos positivos correspondieron al bloque de Juntos -con ausencias de Marta Milesi y Leandro Lescano- y de los legisladores del Pro-Cambiemos, Jorge Ocampos, y Daniela Agostino, y la radical Soraya Yahuar. Los 15 rechazos pertenecieron a la bancada del FpV y al unipersonal de Mario Sabbatella.

Las críticas a esta designación llegaron desde el Frente para la Victoria que generaron contrapuntos con los legisladores del oficialismo. Marcelo Mango cuestionó la designación de Gatti porque se nombra a un hombre del Gobierno a cargo de un organismo de control, sin que se pueda “garantizar la objetividad” en sus funciones y destacó que el nuevo Fiscal será oposición en 2019, porque el oficialismo será derrotado en los próximos comicios a gobernador.

La defensa de Gatti fue asumida por el legislador Facundo López, quien se refirió a las cualidades personales y profesionales del nuevo funcionario, que garantizan “independencia y honestidad”, a la vez que respondió a Mango que Juntos Somos Río Negro seguirá gobernando Río Negro en el 2019.

No estuvo ausente en este debate el recuerdo del 2011, cuando asumió la gobernación Carlos Soria e “hizo renunciar” al Fiscal de Investigaciones Administrativas y a los vocales del Tribunal de Cuentas de Río Negro.

Adhesión a la ley nacional de Contratos de Participación Pública y Privada

También la legislatura provincial aprobó por mayoría y en primera vuelta, un proyecto que busca adherir a la ley nacional de Contratos de Participación Pública y Privada (PPP).

El legislador Leandro Tozzi (JSRN), explicó que la norma tiene como objetivo facilitar y propiciar un marco institucional adecuado para la inversión privada en obras de infraestructura y servicios necesarios para el desarrollo de una actividad económica sustentable en Argentina.

De acuerdo a la ley, los contratos PPP pueden celebrarse entre órganos y entes de la Administración Pública Nacional y sujetos privados o públicos, para el desarrollo de proyectos de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y/o financiamiento en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

Según el legislador, este marco normativo brindará previsibilidad, transparencia, claridad y estabilidad de las reglas normativas que rigen la actividad.

Su par Ricardo Arroyo del mismo bloque de JSRN expresó que “el tratamiento de esta propuesta es uno de los momentos más difíciles de mi vida política, porque tengo que votar una ley que desde mis convicciones y mi historia política no puedo acompañar jamás”.

Argumentó que no comparte el artículo primero del proyecto, que es la adhesión a la ley nacional, porque “el espíritu de las PPP son igualar al Estado con el sector privado”.

Así, se diferenció de todo el oficialismo y envió un mensaje a Casa de Gobierno, ya que el proyecto era del Ejecutivo.

“El proyecto es igualar al Estado con el sector privado”, explicó en su intervención. Luego sostuvo que “el Estado debe defender a las personas y pidió imaginarse por ejemplo “si las telefónicas no tuvieran regulación”.

Por último les preguntó a los legisladores: “¿Ustedes creen que un privado haría el gasoducto de la región Sur?”.

Este hecho político que formuló Arroyo se condice con las diferencias que viene planteando respecto del rumbo de Juntos Somos Río Negro en los últimos tiempos.

La legisladora María Inés Grandoso (FpV) adelantó el voto negativo de su bancada porque consideró que este tipo de herramientas han fracasado en otros lugares del mundo y porque significa más deuda pública para el Estado. A su vez, cuestionó que la propuesta no replica la creación de una comisión de seguimiento y control de las obras, como sí lo incluye la norma nacional.