Pasado mañana en San Carlos de Bariloche se desarrollará la audiencia de extradición del líder mapuche Facundo Jones Huala.

El juzgado federal pidió a la Municipalidad que ceda el gimnasio Nº 3 para la audiencia teniendo en cuenta la capacidad del espacio, pero sin embargo en las últimas horas se conoció que el juez subrogante Gustavo Villanueva dispuso que sólo 30 personas presencien la audiencia. 

La defensa, representada por la abogada Sonia Ivanoff acreditará para el juicio a 23 personas y el juez elegirá a periodistas de 7 medios de comunicación para que puedan realizar la correspondiente cobertura.

La decisión fue repudiada por el Sindicato de Trabajadores de Prensa de la Zona Andina y por la CTA autónoma de Río Negro, argumentando que se atenta contra “el derecho humano al trabajo, el libre acceso a la información y el derecho al acceso a la información pública”. 

El juzgado federal informó además que los medios audiovisuales y fotógrafos serán limitados a tomar imágenes sólo en el inicio del juicio y al final de la audiencia. 

El operativo de seguridad estará coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que enviará a Bariloche a una importante cantidad de efectivos de fuerzas federales.

Los efectivos de la Policía de Río Negro prestarán colaboración en el operativo, desde “la vía pública” explicó el gobernador provincial Alberto Weretilneck, quien durante su visita a Bariloche dijo estar “realmente preocupado” por los posibles hechos de violencia que pueden llegar a ocurrir durante la audiencia. 

Según explicó la abogada Ivanoff hace algunos días, la intención del juez es realizar el juicio en una sola audiencia a partir de las 8:30 de la mañana. La sentencia sería dictada el 3 de marzo.

Jones Huala está acusado de haber cometido en enero de 2013 un ataque incendiario en el predio de Pisu Pisue, en Chile. Según informaron los medios de comunicación de ese país, los acusados estaban encapuchados, vestidos con ropas oscuras de tipo militar y munidos de armas de fuego, con las cuales intimidaron una familia compuesta por seis adultos y cuatro menores, entre ellos, un bebé de seis meses. 

Por ese hecho, el integrante del Movimiento Mapuche Autónomo debía comparecer ante el Tribunal de Chile en octubre de 2014 pero no se presentó y por ello libraron una orden de detención.

El primer juicio de extradición realizado en agosto de 2016 fue declarado nulo por el juez federal de Esquel Guido Otranto, pero el dirigente mapuche fue detenido nuevamente en junio del año pasado para ser sometido a un nuevo proceso judicial.