El economista Claudio Scaletta, coordinador del área de economía y desarrollo regional del Centro de Estudios Patagonia (CEP) sostuvo que por un mal manejo de los fondos del Plan Castello la provincia no sólo perdió 100 millones de pesos, sino que dejó de ganar 500 millones.

En mayo del año pasado la Legislatura sancionó por amplia mayoría el proyecto de ley denominado “Plan Castello” que habilitó al gobernador Weretilneck tomar un empréstito de hasta 580 millones de dólares para financiar obras públicas establecidas en el programa de desarrollo de infraestructura diseñado para ese plan.

El texto legal incluye la creación de un “Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello”, que manejará una Comisión de Seguridad y Control de Fondos y que estará conformada por una representación legislativa idéntica a la exigible para la aprobación de la ley. Esa comisión determinó luego que el Banco Patagonia sería el Agente Fiduciario.

En el último día de noviembre de 2017 el gobierno anunció que unos 150 inversionistas se mostraron interesados en adquirir los bonos rionegrinos por 300 millones de dólares tras una ronda de negocios ante el mundillo financiero de Nueva York.

Los 300 millones fueron el inicio de la primera etapa de la salida al mercado financiero dentro del total autorizado, que, como se dijo, es de 580 millones de dólares. Se obtuvo una tasa de interés a largo plazo, que se ubicó en el 7.75% a 7 años.

“Estamos muy conformes con el resultado obtenido. Es un gran respaldo de confianza para el trabajo que estamos realizando”, sostuvo el 1 de diciembre desde Nueva York el gobernador Alberto Weretilneck.

El 7 de diciembre se anunció la llegada de los 300 millones de dólares y se agregó desde la cartera de economía que utilizaron una serie de instrumentos financieros para invertir los mismos hasta que se inicien a las obras, que debían pasar por el proceso de licitación que hoy se está cumplimentando.

 Así es que se invirtieron 202.777.891 dólares en una letra del Tesoro Nacional en un plazo de 182 días y “el resto de los fondos fueron invertidos en pesos en Lebacs a un rendimiento aproximado del 30%, superando en ambas inversiones al que se pudiera obtener en plazos fijos”.

Dijeron desde el gobierno que “la inversión se realizó en activos seguros y líquidos “considerados como los más rentables que existen en el país”.

El 12 de diciembre en el Boletín Oficial de la Nación se publica la Resolución 250-E/2017 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/175877/20171211), por la que la provincia le prestó los 200 millones de dólares a Nación por seis meses a un valor nominal de 202.771.891dólares.

Pero ahora, el economista Claudio Scaletta dice que esa operación fue perjudicial. Que si bien la operación de invertir en Letras del Tesoro Nacional (Letes) arroja un rendimiento de 2,772 millones de dólares (redondeando), en esos seis meses de plazo, la provincia ya está pagando la tasa de interés conseguida por la colocación del bono de 7,75 %l, es decir 200 millones de dólares x 0,0775/2 igual a 7,75 millones de dólares.

Siguiendo con su análisis, Scaletta dice que la cuenta que queda es sencilla: sumar los intereses conseguidos y restar los interés pagados: 2,772 – 7,75 = -4,978 millones de dólares.

En pocas palabras, por una simple decisión financiera la provincia pierde 5 millones de dólares, aproximadamente 100 millones de pesos de los rionegrinos. Una forma de resguardo por lo menos curiosa que, en tanto favorece a un tercero, el gobierno nacional, podría enmarcarse en el delito de administración fraudulenta o infiel, según norma el artículo 173, inciso 7, del código penal.

Aunque la decisión de dejar 2/3 en dólares a pesar de la tasa negativa de hecho en beneficio de Nación puede haber sido acertada en un contexto en que la divisa estadounidense comienza a dispararse más allá de las previsiones de diciembre, y cuando la prensa internacional comienza a publicar que a la Argentina ya no le será tan fácil financiarse, lo cierto es que eso también significa un aumento proporcional del costo de la deuda en pesos, la moneda en que recauda la provincia.

La situación emergente se agrava cuando se considera que la relación entre servicios de deuda (capital + interés a vencer) sobre ingresos totales de Río Negro ronda, para el ejercicio 2018, el 19 por ciento. La ratio (relación cuantitativa entre dos fenómenos que refleja una situación concreta de rentabilidad) surge del análisis sobre la situación fiscal de las provincias que monitorea el Ministerio de Hacienda de Nación y es, junto con Chubut, uno de los peores del país.

El informe del economista del CEP sostiene que la decisión de tomar créditos en los mercados internacionales para financiar obra pública doméstica, en este caso el Plan Castello, se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno nacional: utilizar a los estados provinciales para la colocación de deuda externa.

Esto es así porque los gastos en infraestructura de los Estados provinciales demandan pesos, no dólares, y las divisas tomadas en el exterior quedan en las arcas del Banco Central. Se trata de la misma estrategia utilizada, por ejemplo, por la dictadura militar 1976-83, solo que entonces el endeudamiento se puso fundamentalmente en cabeza de las empresas públicas. Cambiemos, como parte de un plan deliberado, utiliza a las provincias.

El argumento a favor de endeudarse en divisas suele ser la posibilidad de acceder a una tasa de interés más baja que la que se pagaría en moneda doméstica. Sin embargo, esta menor tasa no debería considerarse separadamente de la volatilidad macroeconómica, tanto por la incertidumbre cambiaria como por la inflación.

Hoy el elevado déficit estructural de la cuenta corriente constituye una amenaza cierta para el nivel del tipo de cambio de mediano plazo. Y ni hablar a siete años. A ello se suma la experiencia historia. Los shocks devaluatorios constituyen una realidad cíclica de la economía argentina. Finalmente los gastos se realizan en pesos, al igual que la recaudación para el repago de los pasivos asumidos, lo que compromete severamente la sustentabilidad financiera futura de la provincia.

Desde la perspectiva del gobierno provincial el panorama se ve distinto. Una constante de la administración Weretilneck fue centrar la escasa mística de gestión en la llegada de recursos providenciales.

Antes de las elecciones de 2015, por ejemplo, todas las esperanzas se centraron en los ingresos por la renegociación de contratos petroleros, una cortina de humo que se desvaneció tan pronto pasaron los comicios y se volvió evidente que ni los dineros serían tantos ni se destinarían totalmente a infraestructura.

Sin romper la medianía de los gobiernos provinciales desde 1983, la administración de la cosa pública se redujo exclusivamente al sostenimiento del pago de salarios. No existe un proyecto de provincia ni planes estratégicos para ningún área del Estado ni sector de la economía. Ya a comienzos del séptimo año de mandato, el gobierno no puede mostrar ningún logro o transformación.

Ni siquiera queda la administración ordenada de los primeros años, cuando las cuentas públicas fueron beneficiadas por el contexto de crecimiento y el Estado nacional planificaba el desendeudamiento de las provincias.

En semejante escenario, resultó lógico centrar las esperanzas en el ingreso de recursos extraordinarios, como es el caso del endeudamiento externo, y sobre esta base ordenar las expectativas del poder político local.

Esta esperanza fue también la que ató la suerte de Weretilneck al carro del gobierno nacional, con el gobernador actuando como gestor de apoyo a todas las medidas del macrismo, desde los ajustes tarifarios que ahogan la actividad regional, al pacto fiscal y el recorte de recursos jubilatorios.

A ello se sumó la pobre realidad presupuestaria. La administración de Juntos Somos Río Negro se caracterizó por no disputar recursos tributarios con ninguno de los poderes económicos provinciales, lo que sumado al estancamiento de las principales actividades del territorio, especialmente la energía y la fruticultura, determina que los recursos provinciales apenas alcancen para salarios. En el ocaso de dos períodos de gobierno, endeudarse se volvió la única alternativa. El problema es que la mala gestión también llegó a los recursos de la deuda.