Todo parece indicar que el argumento que planteará el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, para pedir la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe en el territorio rionegrino la instalación de usinas nucleares de alta potencia, se centrará en que la norma provincial lesiona los intereses del municipio.

Quienes estudian el tema y asesoran a jefe comunal sierragrandense entienden por otro lado que el tema nuclear supera la incumbencia de la jurisdicción provincial y que corresponde al ámbito de definiciones de políticas nacionales en la materia, incluso sostienen que la radicación de la planta está comprendida en acuerdos internacionales y responde a protocolos y arbitrios internacionales.

Iribarren y sus asesores se reunieron con especialistas en el tema en la Secretaría de Energía en la capital federal, a fin de avanzar en el planteo de las estrategias y los pasos futuros con el propósito de salvar la prohibición de la ley provincial y avanzar en la instalación de la usina nuclear.

Hoy se celebrará un nuevo encuentro con abogados y constitucionalistas y se sumará el diputado nacional Sergio Wisky.

Lograda una definición se podría tomar la ruta de la Justicia Federal para elevar el planteo de “conflictos de intereses” o en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.