Sorpresivamente el lunes se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el decreto 2032 por el cual se pone en marcha en forma unilateral un esquema de reconversión frutícola que en su momento se conoció como el “libro blanco de la fruticultura”, a partir del que se crea un régimen de organización de productores para su asociación y facilitar su ingreso al circuito comercial, y programar la inversión productiva.

La medida fue desconcertante ya que se conoció unas horas después de una reunión que los integrantes de la Federación de Productores mantuvieron en Buenos Aires con el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere y el resto de los actores del complejo frutícola, que si bien no había tenido el impacto esperado por los chacareros de la región, sirvió para evaluar la situación puntual de cada sector, no hubo propuestas de funcionarios nacionales ni provinciales y se planteó un nuevo encuentro para el próximo mes con el compromiso de que el gobierno nacional asumiría el proceso y se focalizaría en los consensos.

El gobierno provincial había anunciado que el Libro Blanco era “discutible” y que se buscarían los consensos necesarios. En su presentación el año pasado los productores se opusieron tajantemente a debatirlo durante su elaboración. A su vez el propio presidente Macri le había dicho al gobernador que avanzaría en la reforma planteada si todos las partes estaban de acuerdo.

En el encuentro que mantuvieron en Villa la Angostura el rionegrino insistió en el pedido de ayuda para poder hacer frente al problema, que hasta ese momento su gobierno no pudo resolver.

Evidentemente entre ese encuentro y la reunión posterior en el Ministerio de Agroindustria hubo decisiones de ambos gobiernos en las que se tomó la determinación de aprobar el decreto sin esperar el consenso de todos.

En su momento, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi, dijo que Nación debería “habernos hecho caso desde el primer día”, ya que con el Libro Blanco se pretende un cambio estructural de la actividad.

Los productores, que fueron refractarios a este plan, en la última reunión con Nación aceptaron discutirlo, diciendo que son conscientes que se requieren cambios estructurales, pero quieren hacer modificaciones y en principio exigen de Nación atender la coyuntura con un subsidio por kilo de fruta.

En ese contexto, resultó llamativa la publicación en el boletín oficial del decreto de creación del plan de reconversión frutícola.

Entre los considerandos del Decreto, el gobierno admite que “la crisis frutícola que atraviesa el sector es estructural” y lleva “más de cinco años consecutivos de falta de rentabilidad, reflejándose en distintos indicadores de deterioro como la pérdida de volúmenes productivos, lo que impacta negativamente en el funcionamiento de la economía regional y en toda la cadena de valor”.

Y, entre otros argumentos, subraya que “la crisis estructural atraviesa a los productores en la actividad primaria y a empresas integradas con presencia histórica en los mercados, muchas de las cuales, han tenido que cerrar plantas de empaque y erradicado plantaciones”. Esa situación explica que “una fuerte caída en el empleo de la actividad”, que se traduce en “una pérdida de 8.100 puestos de trabajo entre 2010 y 2015”.

En su artículo primero, se establece la incorporación de tecnología adaptada a la realidad regional, alcanzar un mayor nivel de asociatividad horizontal y vertical en base a una nueva cultura innovadora, alentar a líderes transformadores que contagien su visión de oportunidades a otras personas del sector a través de proyectos y tratar las situaciones críticas de la coyuntura dentro de planes que contengan mejoras que posibiliten su solución con modificaciones estructurales perdurables.

También aspira a lograr transparencia comercial como parte del cambio en la organización del sector, desarrollar mercados a nivel nacional e internacional promoviendo el aumento del consumo de nuestra producción y priorizar los proyectos de cooperación donde el que produce es socio más que proveedor o cliente, tendiendo a lograr la meta de que el 50% del valor de venta a nivel precio de exportación (FOB) o similar para mercado interno, sea el valor de la fruta para el sector primario o en origen.

Diomedi dijo que el Libro Blanco plantea un plan para tener “una producción diferente, con costos diferentes, con calidades diferentes, aprovechar más el mercado interno que está desaprovechado y recuperar lo que estamos perdiendo en los distintos mercados del mundo, es una alternativa no sólo para la producción, sino para el empaque y la comercialización”, aseveró.

El secretario de Fruticultura de la provincia Carlos Banacloy dijo que “en la reunión con el ministro Etchevehere se avanzó en la misma línea propuesta por la provincia respecto de la necesidad de tener un plan y de definir qué aporta cada uno y en qué debe ceder cada uno para definir un rumbo común” y aseveró que la decisión era “no avanzar si es todo coyuntura”.

Los productores

Para la mayoría de los productores el Decreto generó sorpresa y enojo.

“El Libro Blanco es una engaña pichanga” alertó Horacio Pierdominici, “porque le da crédito a una actividad que no la puede pagar y ejemplificó que “un tractor en cualquier lado del mundo cuesta unos 19 mil dólares, en Argentina 40 mil”.

Agregó que “lógicamente todos queremos incorporar maquinaria y tecnología, pero no podemos pagarla”, entonces “tenemos que seguir remendando lo que tenemos”.

El presidente de la Cámara Frutícola de Cipolletti indicó que la fruta no es viable con un dólar bajo. “Acá el problema es cambiario” subrayó, y dijo que para que la fruticultura sea competitiva el dólar “tiene que estar por lo menos a 24 pesos”.

En ese sentido aseveró que “la mejor pera del mundo la vamos a tener que vender en Argentina, no la podemos exportar porque perdemos plata”.

Aseguró que el Libro Blanco “lo hacen para algún amigo del gobernador o para algunas Cámaras de productores oficialistas”, pero advirtió que “no le servirá a nadie”.

Pierdominici no descartó la idea de comenzar un proceso de reconversión. “Si hubiera una Secretaría de Fruticultura como la gente, trabajamos en un proceso de reconversión, pero para eso (el organismo) tiene que tener una idea de cómo hacerlo y qué objetivos perseguir”. “Pero hay que empezar por tener rentabilidad, después vemos la reconversión”.

Por último, advirtió que en estas condiciones, “esto explota, así no va más. Si no mejoramos la balanza comercial y seguimos viviendo de prestado y emitiendo deuda, esto explota”.

Desde Fernández Oro, el titular de la Cámara aseguró que “vamos a salir con los botines de punta”. Carlos Zanardi se quejó porque “lamentablemente dictaron un decreto en forma unilateral sin haber tenido el consenso de los sectores que intervienen en la fruticultura, en particular los productores”.

El productor se quejó de que “lo grave es que en la Mesa Nacional de la Pera y la Manzana convocada por el Ministro de Agroindustria, el ministro Diomedi no comunicó la decisión del gobierno provincial de aprobar el Libro Blanco, que, evidentemente, ya se había tomado.

Por su lado el presidente de la Cámara de Productores de Río Colorado, Víctor Pardo, dijo que todo “fue hecho sin consultar a los productores”, de allí el rechazo de todas las cámaras.

Aseguró que “no tenemos un precio de referencia”, algo que debe ser esencial al momento de asumir los costos de empezar un ciclo productivo como al momento de comercializar. “Si uno recorre las colonias de Río Colorado como el Alto Valle vemos que año a año varios productores dejan de serlo”, aseveró.

Explicó que hay que cuidar al más débil de la cadena, así como en una relación empleado-empresario se hace respetar las leyes laborales, entre productor y exportador también se debe hacer cumplir la ley respecto a la comercialización de fruta.

Mencionó que hoy en todos los valles los productores frutícolas deben sumar unos 2.300 productores, es decir, hay desgranamiento de productores y un proceso de venta de chacras, por un lado por la concentración de tierras a manos de los exportadores y para hacer loteos.