La Legislatura rionegrina sancionó en su última sesión del año la ley que ratifica el convenio suscripto entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores provinciales, denominado “Consenso Fiscal”, firmados por el gobernador Alberto Weretilneck y otros 22 gobernadores, el 16 de noviembre pasado.

Con esta ley, que tuvo el aval de la mayoría, con 25 votos a favor y 12 en contra, la provincia se compromete a implementar políticas tributarias en la búsqueda de racionalizar la estructura impositiva, reducir impuestos y promover el crecimiento económico.

El acuerdo se enmarca en el programa de reducción de la carga tributaria impulsado por el Estado nacional, con la intención de lograr una disminución en la presión tributaria equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno.

Con este propósito, la Nación y los gobiernos provinciales fijaron lineamientos “para promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado, que alivianen la carga tributaria de los impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva de los actores”.

Asimismo, las partes firmantes se comprometieron a acordar una solución integral y realista a los conflictos judiciales suscitados entre ellas y emprender el diálogo institucional que desemboque en una nueva ley de coparticipación federal.

El legislador Facundo López (JSRN), como miembro informante, explicó que este convenio es el resultado de un “diálogo serio e institucional” entre la Nación y 23 gobernadores. Afirmó además que este consenso fiscal es beneficioso para Río Negro y que “permitirá cumplir con los objetivos de la gestión del gobernador y dar respuesta a aquellas necesidades de los servicios que debe prestar el Estado”.

Indicó que para entender este proyecto es necesario comprender la historia del Fondo del Conurbano de la provincia de Buenos Aires e hizo un repaso de ese proceso que se transformó en una situación inequitativa para la mayor provincia del País.

López manifestó que el planteo judicial de Buenos Aires obligaba a empezar a coparticipar nuevamente el 10% de ganancias, hasta que se resolviera la cuestión de fondo y que “con esta medida la provincia iba a perder 1.900 millones de pesos, el equivalente a una masa salarial”.

Ante la previsión de que la Corte Suprema de la Nación iba a resolver en favor de Buenos Aires, “la política reaccionó, se metió en el conflicto y puso por encima de la judicialización la resolución de los problemas políticos, porque nunca es bueno que los problemas que surgen en la política se resuelvan en la Justicia”.

Explicó que “a partir de esta aprobación, Río Negro y el resto de las provincias deberán abstenerse de iniciar o suspender las presentaciones judiciales respecto al Régimen de Coparticipación Federal, y Buenos Aires tendrá que desistir al juicio por la inconstitucionalidad. Todas las que cumplan con este acuerdo, salvo Buenos Aires, recibirán un bono a once años, que para Río Negro significarán 2.711 millones de pesos”.

Por su parte Marcelo Mango (FpV) al argumentar el voto en contra dijo que “la política es el arte de la construcción de posibilidades, pero este proyecto hay que rechazarlo porque es antipopular, va en contra de la provincia, va en contra de los rionegrinos, va en contra del país, pero además porque es un pacto antifederal, centralista y unitario”.

“Cuando se empiezan a cercenar derechos, a ajustar a los más vulnerables y a recortar políticas inclusivas, la política comienza a entrar en riesgo, no de gobernabilidad, pero sí de representación", observó el ex ministro de Educación.

Agregó Mango que “este Pacto Fiscal es una más de un conjunto de leyes que el presidente Macri llamó ‘de la reforma permanente’, es una ley regresiva y que pasa de ser una ley de la revolución de los globos amarillos al ajuste de los bastones negros, una realidad que no queremos volver a vivir”.

“Para cualquier acuerdo político hace falta acuerdo y clima social, y acá ni siquiera se consultó a los municipios, merecíamos un debate mayor”, enfatizó el vocero del FpV que concluyó diciendo que “la peor de las leyes que podamos votar acá es mejor que las imposiciones”.

La norma también incluye a los municipios y los invita a adherir al convenio.