La secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Laura Méndez, suscribió junto a otras 13 provincias una carta dirigida al secretario de DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, en la que le reclaman una reunión del Consejo Federal, dependiente de esa cartera, para debatir las políticas de Estado en la materia.

Con duros términos se acusa al gobierno nacional que “con un gesto intempestivo procuró el martes ocupar el centro de la escena en materia de Derechos Humanos. El anunciado “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2017-2020”, fijó por Decreto una serie de iniciativas sin la participación de ninguna organización civil. La secretaria de DDHH de Río Negro lo objetó por sorpresivo e inconsulto.

En la carta los secretarios de Estado aseguran que les llegó una invitación “sorpresiva” a participar del lanzamiento del Plan Nacional, “del que poco o nada enterados estamos”.

“Nos hubiera gustado tener la oportunidad de reunirnos, al concluir la segunda mitad del año, en la acostumbrada reunión ordinaria del Consejo Federal. Sin embargo el año va terminando y no hay señales de que se vaya a concretar”, le señalan a Avruj.

Con la clara intención de apartar de la escena a las históricas organizaciones  de Derechos Humanos, como Abuelas, Madres o la APDH, durante la presentación del Plan los funcionarios del Gobierno Nacional se auto adjudicaron, entre otros logros de las instituciones civiles, la recuperación de la nieta 126, y las sentencias del juicio ESMA III.

En esa enumeración, que se anunció abreviada “para no aburrir”, Avruj aseguró que “hemos puesto al tope de nuestra agenda la temática de los pueblos originarios”, aunque no hizo referencia alguna a cómo se incluyen ahí Milagro Sala, Santiago Maldonado o Rafael Nahuel.

Los secretarios provinciales también señalan que “hemos sido testigos de dolorosos acontecimientos que afectaron gravemente DDHH consolidados, como fue la aplicación del 2 x 1 a los condenados por crímenes de Lesa Humanidad y posiciones confusas de justificación de funcionarios de alto rango, la desaparición y posterior hallazgo de Santiago Maldonado, muerto en las aguas del rio Chubut, después de una violenta represión de fuerzas federales, y, de idas y vueltas, de dichos y contradichos de funcionarios nacionales”, dice el texto.

Y agregaron que “después siguió la demonización y sospecha de un pueblo originario como el mapuche y una vez más, la violenta represión, con el saldo de otra vida humana, la del joven Rafael Nahuel asesinado por la espalda”.

Plantearon finalmente, además del modo inconsulto y el contenido del Plan, que “creemos que el año ha dejado mucho para preocuparnos y discutir democrática y civilizadamente, del lugar que ocupan los Derechos Humanos, en esta etapa, de la vida institucional del Estado y la Sociedad Argentina”.

Con una puesta en escena estilo “Cambiemos”, Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, presentaron este martes un Plan a término (2017-2020) del área, que incluye, entre las 243 acciones establecidas “memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias” y “seguridad pública y no violencia”, sin distinguir entre crímenes de lesa humanidad y delitos comunes, entre otros sesgos llamativos.

Hecha a un lado la propia responsabilidad, el presidente y sus funcionarios enunciaron durante el acto además como objetivo la “inclusión”, la cual abarca, en amplio gesto, “la lucha contra la discriminación y la pobreza”.

Otros artículos, siempre con el mismo espíritu ecuménico, son la “cultura cívica” y el “compromiso con los derechos humanos”, sobre los cuales no se ofrecieron detalles para su implementación en el plano real. El Decreto enumera también, sin mayores definiciones, la lucha contra el narcotráfico, la necesidad del diálogo y de “unir a los argentinos”.

Lo repentino del anuncio hecho sin ninguna consulta previa mereció la inmediata reacción de los representantes provinciales del ámbito de los Derechos Humanos.