Integrantes de la mesa de diálogo por el conflicto con la Pu Lof Lafken Wuinkul Mapu en Mascardi, informaron que los detenidos por el asesinato de Rafael Nahuel, “Fausto Huala y Lautaro González, no están imputados” en esa causa y que en el acta de la indagatoria en la que declararon los jóvenes consta que “no hay presencia de armas de fuego en poder de la Comunidad” en Mascardi.

También se conoció que la comunidades Mapuche de la zona manifestaron no tener conocimiento de la existencia de la organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ni de su accionar, a la vez que solicitaron la realización de la inspección ocular como medida inicial de la causa por la muerte de Nahuel.

Esta mesa de diálogo se conformó el martes, con la presencia de organizaciones oficiales, civiles y de base, con el propósito de intermediar en el conflicto con la comunidad mapuche en Mascardi. Ayer sus integrantes ofrecieron una conferencia de prensa donde resumieron lo actuado hasta el momento y plantearon una nueva agenda de trabajo.

Estuvieron presentes representantes de las comunidades mapuches auto convocadas; el obispo de Bariloche, Juan José Chamorro; representantes de la Lof en Mascardi; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; el consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas de Río Negro; la Coordinadora del Pueblo Tehuelche -Mapuche de Río Negro; la Defensora del Pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate; Abogados de Derechos por la Igualdad; la Asociación de Abogados del Derecho Indígena; APDH; la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); la Universidad Nacional del Comahue; la Universidad Nacional de Río Negro; la concejal Ana Marks; la representante por la Multisectorial contra la violencia, la represión y la impunidad en Bariloche, Marcela Cano; el Centro de Estudiantes y los claustros del Centro Regional Universitario y la secretaría de DDHH de Río Negro, quienes participaron en calidad de observadores.

En la presentación ante la prensa, Natalia Araya y el obispo Chamorro dieron lectura a un comunicado informativo de la mesa y no respondieron preguntas.

La única voz que condiciona el avance es la del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), desde donde se insiste en la condición de que la comunidad Wuinkul Mapu abandone el asentamiento para así avanzar en la resolución del conflicto, cuestión que los mapuches hasta el momento se niegan a aceptar.

Las dos universidades provinciales se presentaron en esta ocasión como nuevos actores de peso en la integración de la mesa. La intención de ambas casas de altos estudios es la de participar en la causa por el desalojo como “amicus curiae” o partes externas al conflicto admitidas para el aporte de información y análisis.

Al cierre de la conferencia se realizó un nuevo llamamiento a las autoridades de Parques Nacionales a participar del diálogo con los integrantes de la comunidad. Parques es el organismo denunciante de la ocupación y de la instrucción de desalojo impartida por el juez Gustavo Villanueva el 22 de noviembre.

Errores en el inicio de la investigación

El periodista Santiago Rey del portal “En estos días” reveló ayer algunos detalles de la investigación del juez que surgen del documento de aceptación de la querella en el que se revela que Villanueva tenía previsto concretar el pasado lunes -dos días después del asesinato de Rafael Nahuel- la inspección del territorio, pero “tomó conocimiento por medio de las redes sociales” que “no todos los ocupantes del predio permitiría el ingreso”.

Ese rumor extendido a través de las redes fue suficiente para que el magistrado suspendiera el procedimiento clave para determinar en el terreno cuál fue la actuación de los efectivos de seguridad, se rastree la presencia de vainas, se analice el impacto de las balas en los árboles, entre otros puntos.

Es decir que el juez dio crédito a las versiones de las redes sociales, y merituó además que no contaría con el número de efectivos de las fuerzas federales suficientes, por estar abocados a la seguridad del encuentro del G20, que se desarrollaba en el Hotel Llao Llao.

“Al día de la fecha aún no se encuentra asegurada -en su totalidad- la integridad física de las personas que deban intervenir en la diligencia, motivos por los cuales no la he encomendado hasta el momento”, dejó por escrito el Juez, desmintiendo las versiones recogidas por algunos medios sobre hechos violentos producidos por parte de la comunidad que habría impedido la inspección ocular.