Después de varias horas de debate, modificaciones en la letra original, diferentes posicionamientos y algunas chicanas, los legisladores aprobaron el texto que envió el Poder Ejecutivo para adherir a la ley nacional de ART. Como la iniciativa fue con acuerdo de Ministros, solamente requirió una vuelta para que se convirtiera en ley.

De todos modos, no entrará en vigencia hasta que se abran las dos oficinas de las comisiones médicas que faltan y que la Superintendencia de Nación firme un convenio con Trabajo. En Río Negro sólo hay dos jurisdicciones que tienen auditorías: Viedma y Roca. Deberán ponerse en marcha las de Bariloche y Cipolletti.

El bloque del oficialismo impuso su mayoría, aunque también acompañaron con su voto la legisladora de la UCR, el Frente Progresista y dos legisladores del FPV: Ariel Rivero y Javier Iud, identificados con el liderazgo del senador Miguel Pichetto, quien avaló la ley a nivel nacional y promueve las reformas laboral, previsional y tributaria que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.

La sesión estuvo conducida por el legislador Facundo López, vicepresidente de la Cámara, ya que el jefe del Cuerpo está ocupando la gobernación provincial por el viaje de Alberto Weretilneck a Estados Unidos para negociar en el mercado internacional financiero el bono en dólares provincial, para financiar el Plan Castello.

El oficialismo estuvo representado por el legislador Adrián Casadei quién definió los aspectos generales de la ley y las ventajas del texto acordado en las comisiones, por sobre el original promulgado por el gobierno nacional.

El miembro informante enumeró los objetivos fundamentales de la norma en debate “que tiene el propósito de disminuir la siniestralidad laboral a través de la reducción de los riesgos del trabajo y con ello las litigiosidades, repara los daños producidos por las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, la rehabilitación del trabajador y promueve su recalificación cuando sea necesario”.

Casadei puntualizó luego que “del análisis de la norma nacional, surgió por parte del Ejecutivo provincial “una modificación superadora”, producto de distintas reuniones mantenidas por el Secretario de Estado de Trabajo de la provincia, Lucas Pica, con entidades gremiales, colegios profesionales, equipos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y otros actores involucrados directamente.

Los integrantes de Juntos Somos Río Negro hicieron eje en que la ley “no es la mejor” pero “es superior a la que estaba”, y aseguran que “es perfectible” por lo que abrieron la puerta a modificaciones futuras “si en la práctica encuentra fallas de aplicación y funcionamiento”.

Todos los que hicieron uso de la palabra para justificar su apoyo, aseguraron que “baja la litigiosidad” y “busca terminar con la industria del juicio laboral”, “mejorando la competitividad de las empresas -fundamentalmente pymes- que son el motor de la generación de empleo”.

Pero quienes se opusieron, criticaron la “pérdida de derechos” de los trabajadores, y evidenciaron que “es parte de un proceso de precarización” laboral, que se “suman a las reformas del gobierno de Macri”. Y pidieron que los trabajadores “no sean la variable de ajuste”.

Marcelo Mango (FG-FPV) calificó la ley de “antiperonista” porque viene a quitar un derecho que implementó Juan Domingo Perón, época donde el trabajador fue sujeto político.

Mario Sabbatella (Fuerza Popular) aseguró que “en vez de ir por los derechos de los trabajadores, se hubiese solucionado atacando el problema de fondo, es decir, los 14 estudios jurídicos (y algunos jueces) de la Capital Federal que lucran con los accidentes laborales”.

Alejandro Palmieri cerró el debate. Diferenció la ley rionegrina de la norma nacional y enumeró 12 puntos donde el beneficio está puesto del lado de los intereses de los trabajadores: “habrá una comisión médica por cada circunscripción de la provincia; se deben fijar los honorarios de quienes representen a los trabajadores; la apelación de la ART tendrá efecto devolutivo, es decir, que el trabajador cobrará con la sentencia de primera instancia y si la acción posterior avanza, se devolverá lo que corresponda; habrá un control de la Secretaría de Trabajo en las comisiones médicas; los trabajadores tendrán asistencia legal obligatoria y, entre otras cosas, la indemnización la cobran mediante su cuenta sueldo”.

Mientras el debate se profundizaba en el Parlamento, afuera, en la calle, los gremios nucleados en la CTA protestaron contra esta adhesión.