Ayer, a dos días de la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel durante un desalojo llevado adelante por el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, se supo de fuentes gubernamentales que la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel la provocó un proyectil 9 milímetros -probablemente de una ametralladora-, que se corresponde con el de las armas de los efectivos de la unidad que llevó adelante la acción represiva. La bala ingresó a su cuerpo por el glúteo y afectó el intestino y el hígado.

En la víspera quedó conformada en Bariloche una mesa de diálogo impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en principio para garantizar la integridad física de los miembros de la comunidad heridos de bala, que permanecen en el monte por temor a nuevos ataques.

La mesa está integrada además de la APDH, voceros de la comunidad mapuche, el juez federal Gustavo Villanueva, abogados de la comunidad, el obispo de Bariloche, dos concejales de la municipalidad y médicos. Un primer paso fue que precisamente los médicos pudieran acceder al predio donde el sábado cayó muerto Rafael Nahuel, y verificar la situación de los heridos.

El juez Villanueva solicitó además una inspección ocular, que se realizará mañana o pasado en donde también estarán presentes integrantes de la mesa.

En el marco de la mesa de diálogo también se firmó un acta donde se especifica "que los miembros de la comunidad van a poder permanecer en el monte el tiempo que necesiten y no serán desalojados". Durante la visita al monte de la comitiva "el obispo funcionó como garante de que cesara la represión y eso trajo tranquilidad a la comunidad, que por miedo no quería dejar entrar a nadie" dijo uno de los integrantes de la APDH.

El doctor Ramón Chiocconi constató que dos jóvenes heridos de bala aún permanecen dentro de la Lof, uno de ellos Johana Colhuan -voluntaria del Ejército-, a quien un proyectil le rozó el hombro. Mientras se desarrollaban las conversaciones, a ambos se les brindó asistencia médica y se les permitió quedarse en el lugar tras constatar que se encontraban en buen estado físico.

Tanto los integrantes de la APDH, Rubén Marigo y Natalia Araya, y el obispo Juan José Chaparro tuvieron expresiones de alivio al considerar que “este fue el primer gran paso para lograr disolver el conflicto”, y calificaron el acuerdo alcanzado como “un éxito, porque logramos destrabar una situación extremadamente delicada que pudo haber terminado mucho peor”,

Cerca de las 20 la comitiva emprendió el regreso a Bariloche con el compromiso de regresar hoy a Mascardi para llevar adelante las actuaciones judiciales para las que no se fijó todavía un horario preciso.

También se conoció que a los dos testigos presenciales de la muerte de Rafael Nahuel, Fausto Jones Huala y Alejandro González, que permanecen detenidos, les fue levantada la condición de incomunicados, para permitir que se constate su estado de salud y puedan dialogar con sus abogados.

En tanto en la primera comunicación oficial tras la muerte del joven, el ministerio de Seguridad dio a conocer ayer un extenso comunicado en el que se admite la participación en el operativo del grupo especial Albatros y que se dispararon balas de plomo. No detalla el momento en que el joven fue herido de muerte y dice que fueron efectuados hacia los árboles.

El comunicado oficial realiza un pormenorizado y extenso relato desde que Prefectura llegó al lugar.

En uno de sus párrafos iniciales dice que dos integrantes de la fuerza quedaron en estado de alerta, escondidos, vigilando el lugar donde había sido el desalojo el jueves y que comenzaron a escuchar gritos que aparentaban ser gritos de guerra y observaron el desplazamiento de un grupo de entre 15 y 20 personas encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos. Además, otros portaban armas blancas, por lo que la patrulla de Prefectura esperó escondida entre la vegetación para evitar ser descubiertos”.

Relata que cuando fueron descubiertos tras dar la voz de alto que no fue acatada “El grupo comenzó una agresión contra los Albatros con piedras, boleadoras y lanzas. Uno de los efectivos, cumpliendo con las normas legales y de uso racional de la fuerza, repelió el ataque con un arma no letal con munición no letal de pintura con motivo de hacer cesar la actitud violenta del grupo en cuestión y de hacerlos retroceder”.

“Inmediatamente se escucharon gritos por parte del grupo de encapuchados, que decían “los vamos a matar, son pocos, son cuatro” y, acto seguido, los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre. Además, se dieron cuenta del calibre de las balas porque arrancaron ramas gruesas de cuajo”.

Frente a la situación y frente a los disparos de armas de fuego por parte del grupo violento, inmediatamente comenzaron a replegarse hacia abajo, cubriéndose con disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes, ya que no se podía visualizar más a aquellos hombres que se encontraban disparando con armas de fuego”.

Finaliza diciendo el parte oficial que “posteriormente, se tomó conocimiento sobre la existencia de personas heridas, una de ellas de gravedad. A las 18 horas aproximadamente, desde la ladera de la montaña y en la zona próxima al puesto de la Prefectura Naval, descendieron dos personas con una tercera que estaba herida, que fueron detenidos, tras lo que se constató que la persona herida había fallecido”.

La autopsia del cuerpo de Nahuel se realizó ayer por la tarde en Bariloche. No hubo información oficial de parte del juzgado federal, que está a cargo por subrogancia del juez de Neuquén Gustavo Villanueva.

Ayer se realizaron movilizaciones en varios puntos de la región y el país, con un tono de fuerte crítica a la política del gobierno de Mauricio Macri.

La representante mapuche Patricia Pichunleo repudió el accionar del gobierno nacional, de Parques Nacionales, de la Justicia Federal, de las fuerzas federales y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inaí) que "lejos de defender los intereses de los pueblos originarios se acercó al lugar únicamente a dar el aval para que se lleve adelante este desalojo que se daría de manera alevosamente violenta días después".

Pichunleo dijo que el Estado "promovió una cacería mapuche sólo comparable a la campaña del desierto, primer genocidio llevado adelante por el Estado argentino".

"Esta es la continuidad del genocidio fundante del Estado argentino sobre los pueblos preexistentes, ese mismo genocidio que los medios y los pseudo historiadores quieren negar" manifestó.

Movilización en Bariloche

Miles de personas marcharon ayer al Centro Cívico de Bariloche para reclamar justicia por la muerte del joven Rafael Nahuel.

Con una gran bandera mapuche y pancartas que repudiaban el accionar de la fuerza federal, la columna de manifestantes avanzó pacíficamente hacia el Centro Cívico, donde los referentes mapuches pronunciaron un discurso.

Entre otros estaba presente la ex diputada Patricia Jure, que afirmó que "venimos desde Neuquén a sumarnos a esta movilización vital que repudia esta represión criminal, que exige el juicio y castigo de los responsables del fusilamiento público del compañero Nahuel de la comunidad y el inmediato retiro de todas las fuerzas represivas" expresó. 

Agregó que "estamos en un estado de sitio en la Patagonia, un estado de sitio que ya tuvo un hecho doloroso y gravísimo, que es la desaparición de Santiago Maldonado y su cuerpo sin vida y la detención de Facundo Jones Huala".

Jure indicó que el operativo de las fuerzas de seguridad "responde a los intereses de empresarios capitalistas" como Joe Lewis y Luciano Benetton.

Weretilneck: “Para quienes violan la ley, el único remedio es el uso de la ley”. 

El mandatario provincial aclaró en primer lugar que sólo conocía los datos por el parte oficial del juzgado federal. 

“Desde el primer momento, la fiscal federal y el juez federal han conducido anoche el proceso derivado de esta situación desgraciada y a partir de ahí está en manos de la justicia. Si hay actitud de abarcar pacíficamente la resolución del conflicto, están a disposición los medios judiciales para llevarlo adelante” sostuvo. 

Weretilneck recordó que “Río Negro tiene muchísimas comunidades mapuches representadas a través del Parlamento dentro del Consejo de Desarrollo Indígena” y que la relación entre el Estado rionegrino y el pueblo mapuche “es un vínculo que de forma permanente se alimenta”. 

Sin embargo, “acá estamos hablando de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), de un grupo violento que reniega de la relación del Estado, de las leyes, de la Constitución argentina, y que utiliza la violencia como elemento para llevar adelante sus reivindicaciones, entonces la respuesta del Estado es una sola: es la ley” disparó. 

“Me parece que no hay otro camino que no sea ese porque la discusión es mucho más profunda que una propiedad” dijo. 

“No hay otra vía que no sea la ley” insistió. “No creo que haya otro camino porque si hay un sector que reniega del Estado ¿qué puede haber otra cosa que no sea la ley? no hay otra alternativa intermedia. Posturas radicalizadas de este tamaño no tienen otra opción que no sea la Constitución, porque cómo va a discutir uno si somos argentinos o no somos argentinos, si la provincia de Río Negro tiene sus límites o no tiene sus límites, la organización institucional del Municipio de Bariloche. No son cosas discutibles”. 

Según el gobernador “para quienes violan la ley, el único remedio es el uso de la ley”. 

Consejo Nacional Indígena: “Vulneran gravemente los derechos de los pueblos originarios”

Representantes del Consejo Nacional Indígena manifestaron su repudio “de manera terminante a la represión y persecución de los dirigentes y luchadores de las distintas organizaciones territoriales, comunidades y movimientos sociales”

Agrega que “la pérdida del orden institucional, de estado de derecho y de garantías en todas las decisiones de los distintos ministerios a su cargo en contra de los derechos indígenas, protegidos nacional e internacionalmente, demuestran la peligrosidad de la gestión del partido político a cargo del poder ejecutivo nacional”.

Luego intima al Poder Ejecutivo Nacional a “desistir de estas acciones, informe a los distintos gobiernos provinciales, el cese de la privación ilegítima de libertad de nuestros líderes, retire las tropas federales a su mando de los territorios ancestrales y renuncie a la provocación directa de guerra o de instar a la conmoción interna con estallidos sociales dirigidos por su parte en desmedro de millones de ciudadanos descendientes de pueblos originarios”.

Finalmente también dirigiéndose a las autoridades nacionales dice que “su posición terca y reincidente, es absolutamente responsable de la muerte de nuestros hermanos en los distintos territorios, víctimas de esta gestión y en consecuencia de la situación real, adoptaremos las medidas necesarias en protección de la déspota posición, demandando la misma ante los organismos internacionales de efectiva protección de Derechos Humanos.

Asociaciones de Derechos Humanos: “Un acto más cercano a un estado policial que al democrático y republicano.

Autoridades de Derechos Humanos de varias Provincias Argentinas, entre ellas Alicia Comelli de Neuquén y Laura Méndez de Río Negro, también se expresaron en una comunicación oficial en la que repudiaron al actuar represivo, cada vez más frecuente, de las fuerzas de seguridad nacionales, especialmente contra comunidades mapuches.

Expresaron su solidaridad con el pueblo Mapuche, particularmente con esta comunidad, y los familiares del hermano fallecido, como consecuencia de la acción violenta de la represión estatal.

Luego solicitaron la intervención del Secretario de DDHH de la Nación, Claudio Avruj, para exigir el esclarecimiento y la pronta investigación de  las responsabilidades de las autoridades de Seguridad de la Nación en la represión y sus gravísimas consecuencias, y que solicite con carácter urgente, al Ministerio de Seguridad de la Nación, el  cese inmediato de toda medida represiva en la zona del lago Mascardi, ante el riesgo de más víctimas fatales y se permita el acceso al lugar de organismos de DDHH de la región.