La diputada María Emilia Soria dijo que con las reformas previsionales y laborales anunciadas por el gobierno nacional “entra en juego el dilema de la manta corta: si se tapa la cabeza se destapan los pies. Está claro que este modelo neoliberal tira fuerte de la manta y que son los jubilados, los trabajadores y el interior del país los que salen perdiendo” y destacó que la reducción del gasto en el Estado “se pretende hacer a través de las jubilaciones y pensiones”.

Indicó Soria que a partir del acuerdo fiscal con las provincias que beneficia principalmente a Buenos Aires, la Anses resignará unos 115 mil millones de pesos en 2018, según estima el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Agregó que “con la modificación de la Ley de movilidad jubilatoria, se recortan los aumentos de haberes no sólo a los jubilados, sino también a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas (invalidez y otras), pensión universal para el adulto mayor y pensiones a ex combatientes de Malvinas”.

Aseguró además que el incremento de la jornada laboral de 8 a 10 hs; el cambio del cálculo del haber indemnizatorio sobre el bruto al cálculo sobre el básico, la eliminación de hora extra pagada al 50% o la posibilidad del empleador de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo entre otras, son solo algunas de las medidas de precarización laboral que retroceden a pasos agigantados sobre las grandes conquistas sociales del último siglo”.

Según Soria “con ayuda de los medios de comunicación, esta reforma se intenta vender con títulos marketineros que no implican mejoras sustanciales respecto de la situación actual y esconden la pérdida de beneficios para muchos jubilados y el avasallamiento de derechos fundamentales para los trabajadores argentinos”.

Precisó que el reemplazo, por ejemplo, de la Ley de Movilidad actual por otro mecanismo de actualización de haberes en base a la inflación del Indec se promociona como que “garantizará aumentos por encima de la evolución de la inflación”.

Si bien no hay precisiones sobre cuánto mayor a la inflación serían los aumentos, cualquier cálculo sobre la base arroja que estas subas resultan menores respecto de lo que les correspondería con la movilidad vigente. Subas que no son tales en realidad, porque al atarse a la inflación, lo que se hace es garantizar a los jubilados seguir cobrando siempre lo mismo, la mejora no existe, van a tener siempre el mismo poder de compra.

Aclaró la diputada nacional rionegrina, que el título de que “las jubilaciones tendrán garantizado el 82% del salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicios con aportes efectivos” puede sonar positivo para un distraído, pero en realidad no significa una mejora esencial, ya que actualmente el salario mínimo es de 8860 pesos y la jubilación mínima de 7246 pesos, es decir el 81,7%. Llegando al 82% la jubilación aumentaría solamente 19 pesos.

La diputada finaliza su análisis diciendo que “A ello se suma la inclusión por primera vez de la posibilidad de extender la edad para jubilarse hasta los 70 años, que no es más que una puerta abierta al sórdido camino a la suba de la edad jubilatoria”.

Afirmó que “antes estas medidas promercado y antipueblo, nosotros, lejos de permitir o acostumbrarnos a la desprotección por parte del Estado, vamos a seguir peleando por los derechos de los trabajadores y de los jubilados; y vamos a seguir levantando la voz del interior porque renunciar a lo que nos corresponde no es una posibilidad”.