La Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, renunció a su cargo y seguramente su efectivo alejamiento correrá a partir del primero de enero de 2018 ya que la jefa de los fiscales aguardará el proceso de selección de su reemplazante cuyos pasos están establecidos en el artículo 204 de la Constitución Provincial que compete sobre las designaciones y renuncias de los integrantes de los órganos de conducción del Poder Judicial.

Asimismo se establece que el gobernador es el encargado de convocar al Consejo y presidirlo, con doble voto en caso de empate. Por tal motivo el viernes se conoció el decreto 1277 a través del cual el gobernador Alberto Weretilneck cumplió con el trámite de la convocatoria a la reunión del denominado Consejo Grande para el 26 de setiembre a las 10 en el Salón Gris de la Casa de Gobierno.

Ya fueron notificados los jueces del Superior Tribunal de Justicia, el presidente de la Legislatura, referentes de los Colegios de Abogados de la provincia y los legisladores representantes ante el Consejo del artículo 9 de la Ley K Nº 2434.

La procuradora se va habiendo dejado resuelto un tema que la desvelaba que fue la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal.

El peronismo se opone

El bloque de legisladores del Frente para la Victoria sostuvo que es inaceptable la renuncia de Baquero Lazcano, porque “todavía debe rendir cuentas de su gestión”.

“La procuradora, antes que aferrarse a su jubilación de privilegio, debería dar explicaciones de todos los equívocos que tuvo en su gestión, sobre todo del pedido de juicio político que aún mantiene pendiente”, señalan los legisladores de la oposición.

Agregan que “es muy fácil irse a la casa con un 122% de jubilación, con un Código Procesal que apenas iniciado empieza a dar muestras de sus falencias”.

“No se puede consentir livianamente el abandono de una función tan relevante y menos aún con una pobre y controvertida gestión llevada adelante”, dicen los legisladores del FpV.