La titular del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (Codeci) de Río Negro, Doris Cañumil, se refirió a la violencia desatada en Chubut contra la comunidad mapuche y dijo que si bien “podemos no compartir la forma que tiene de reivindicar algunas cuestiones”, pero “el reclamo territorial es el mismo y las reivindicaciones son las mismas”.

El Codeci es un organismo que depende del ministerio de gobierno rionegrino y está integrado dos representantes del gobierno y tres del pueblo mapuche. Su presidenta, afirmó que los reclamos de la comunidad chubutense de Cushamen por las tierras que ocupa el empresario Benetton “son legítimas”.

“Podemos no compartir la forma que tiene de reivindicar algunas cuestiones, las comunidades de Río Negro han decidido un reclamo pacífico frente al Estado, pero el reclamo territorial es el mismo y las reivindicaciones son las mismas. Nos quitaron las tierras que hoy están extranjerizadas”, concluyó.

Dijo Cañumil que “sin dudas la situación nos afecta como pueblo, el pueblo mapuche es uno solo, tanto en Chile como en Argentina, tanto en Río Negro como Neuquén”, aseveró.

Respecto de Facundo Jones Huala, que se encuentra detenido y Chile pide su extradición, señaló que “primero, él es parte del pueblo mapuche de acá de Argentina, no de Chile. Su mamá de hecho vive en el ejido de Bariloche, no proviene de Chile”.

Agregó que “si bien estuvo involucrado en un problema en ese país, y para nosotros esa causa ya había sido tratada en los fueros de Esquel, aquella vez que estuvo detenido varios meses el año pasado”.

Al ser consultada sobre la existencia de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a quien se adjudica un accionar por demás violento, expresó que “creemos que ante muchísimos años de silencio del Estado, hoy surgen grupos que vienen a sacudirnos un poco, tanto al Estado como a quienes representamos a las comunidades”, en el marco de “esta relación en donde te hacen un reconocimiento con leyes pero no se cumplen nunca”.

Cabe recordar que el año pasado el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que flexibilizó las restricciones para que empresarios extranjeros adquieran tierras en Argentina.

La ley 26.737 sancionada y promulgada en 2011, establecía entre otras cosas que no se pueda extranjerizar más del 15% de las tierras rurales del país, ni que extranjeros de una misma nacionalidad superen el 30% del total de tierras en manos extranjeras. De esta manera, se regulaba tanto la extranjerización como la concentración de tierras rurales.

Sin embargo, todo se volvió para atrás a partir del decreto presidencial 820/16, que según se expresó desde el gobierno, pretendió incentivar inversiones extranjeras en el país.