El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) de la Universidad Nacional del Comahue, Carlos Pescader, renunció ayer de forma indeclinable a su cargo, tras una licencia de un mes que había solicitado por razones de salud y que venció el pasado viernes 28. La dimisión de la máxima autoridad en esa unidad académica con sede en General Roca es otra derivación del conflicto de casi cuatro meses planteado por las trabajadoras del servicio de limpieza.

El 9 de abril, diez empleadas que realizaban esas tareas en forma cooperativa tomaron el decanato en la Fadecs y reclamaron a la conducción de la institución la contratación directa de sus servicios, y así comenzó un problema cuya falta de resolución se agravaría posteriormente con una toma del rectorado, en Neuquén.

Dentro de ese contexto, el 9 de junio había renunciado a sus funciones la vicedecana de Derecho y Ciencias Sociales, Ana Matus, y cuando Pescader pidió su licencia semanas después, el profesor Andrés Ponce de León se hizo cargo del decanato.

De acuerdo a la reglamentación vigente para situaciones de acefalía, debe asumir el consejero docente más antiguo, en este caso Ponce de León, quien hasta ayer cubría el período de licencia de Pescader. Ahora, quien era titular interino de la Fadecs seguirá al frente hasta el año que viene, cuando se desarrollarán las correspondientes elecciones.

En la nota de dimisión, Pescader planteó los motivos que lo llevaron a tomar la determinación. Primero, cuestiona el hecho de que el decano interino pidiera la renuncia de los secretarios de su equipo de gestión, siendo que él había pedido licencia por un período de tiempo preestablecido.

En efecto, apenas se hizo cargo de la gestión que en principio era por 30 días, Ponce de León solicitó el apartamiento del secretario Académico y la secretaria Administrativa, que se venían desempeñando con la aprobación mayoritaria del consejo directivo.

El directivo que deja su cargo dijo que la decisión tomada por el titular interino de la facultad “guarda más relación con el intento de vaciar la autoridad del decano en licencia” que con los argumentos que se dieron a conocer públicamente.

Agrega en su nota de dimisión que la oposición “no ha tenido la madurez democrática que demanda la práctica del cogobierno, y más bien ha cedido a la tentación de actuar corporativamente”.

Pescader llegó al cargo en representación de la agrupación Encuentro Fadecs, en tanto que Ponce de León es consejero de la lista Gestión y Participación Democrática.

El renunciante expresó también que existió una fuerte campaña de desprestigio en contra de su gestión. Afirmó que “hemos sido objeto de imputaciones de inoperancia y de falta de políticas académicas, junto a acusaciones de tipo personal que nunca han sido probadas”.

Prosiguió diciendo que “la formulación sistemática de estos argumentos por parte de actores institucionales y extra-institucionales ha contribuido a gestar un clima de hostilidad, desgaste y malestar generalizado”, y finaliza indicando que “en la situación de salud que atravieso no puedo menos que presentar mi renuncia al cargo que detento.”

Cuadro de situación

Todo se inicia el día 9 de abril de este año, cuando 10 empleadas de la cooperativa que prestaba servicio de limpieza en la facultad procedieron a tomar el decanato demandando al rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNC), Gustavo Crisafulli, que proceda a realizar una contratación directa de sus servicios para limpiar la facultad.

La medida dejó sin clases a más de 2.500 alumnos de la facultad, que desde ese momento quedó totalmente paralizada.

El conflicto original se había iniciado en 2015, cuando las empleadas se desvincularon de una empresa que tenía sede en Rosario y era prestataria del servicio, y para remediar la situación se dispuso la conformación de una cooperativa de trabajo radicada en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

La situación puso en el medio de la escena al decano Pescader, quien fue el centro de todas las críticas sobre todo de los consejeros graduados y docentes de la agrupación Recuperación Académica, que lo responsabilizaron de la situación y solicitaron su renuncia por su “incapacidad e ineptitud” para resolver el conflicto.

En aquel momento, desde el sector opositor afirmaban que reconocían los derechos laborales de las trabajadoras de la limpieza y consideraban que deben ser resueltos por intermedio de la justicia y los organismos competentes y no a través de la toma de la facultad.

Lejos de acercar posiciones el conflicto se siguió agravando y llegó incluso a la ocupación del propio rectorado de la UNC, en la ciudad de Neuquén. Dentro de ese contexto, el 18 de abril un grupo de docentes presentó una denuncia por usurpación ante la Fiscalía federal.

Al día siguiente, un juez federal intimó a los ocupantes a que abandonen las instalaciones bajo amenaza de ser desalojados, pero en un comunicado firmado por la entonces vicedecana Ana Matus se le pidió a la justicia que no intervenga en el conflicto, ya que “la gestión de la facultad no avala la judicialización del conflicto” por considerarlo como un problema político y social interno de la Universidad que se intentaba resolverlo “a través del diálogo”, según esa información oficial.

Casi cuatro meses después de iniciado el conflicto, aún no fue resuelta la demanda de las 10 trabajadoras de la limpieza, ni mucho menos.

Lo insólito de la historia es que más allá de la aparición de algunos otros intereses contrapuestos, internos o sectoriales, lo cierto es que la imposibilidad de resolución de un problema con 10 empleados externos, que seguramente se podría haber superado con la utilización de los mecanismos institucionales para la resolución de conflictos laborales, terminó con toda la cúpula de conducción de una facultad, y con graves consecuencias para más de 2500 alumnos que se vieron impedidos de cursar sus estudios adecuadamente durante este interminable proceso.