La senadora nacional por Río Negro Magdalena Odarda se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en carácter de “Amicus Curiae” (amigos del tribunal), a fin de salvaguardar los derechos de los ciudadanos rionegrinos respecto de la percepción de los fondos de coparticipación federal que podrían serle descontados según cómo se resuelva la causa judicial por el Fondo del Conurbano bonaerense.

La legisladora acudió al máximo tribunal en función del reclamo que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires conducido por María Eugenia Vidal en torno de dicho fondo, y que en caso de tener sentencia favorable, perjudicaría los ingresos que la corresponden a Río Negro por el reparto de impuestos nacionales entre las provincias.

Como integrante de la Comisión Unicameral de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación, Odarda ha presentado varios proyectos que, según se informó, “salvaguardan los derechos de los ciudadanos de Río Negro a obtener el correspondiente reconocimiento a través de una coparticipación federal justa, teniendo en cuenta la permanente postergación a la que viene sometiéndose a esta provincia” a lo largo de los últimos años desde la esfera nacional”.

La presentación realizada solicita al máximo tribunal de la República que declare la “improcedencia” del planteo formulado por el gobierno bonaerense, por entender que su pretensión “resulta violatoria de los derechos de los ciudadanos del interior en general y rionegrinos en particular”.

Tratándose de un litigio de orden público, el mismo “podría influir sobre las futuras decisiones que deba adoptar el gobierno de la provincia de Río Negro, atento el fuerte compromiso que podría generarse en la disponibilidad de fondos públicos para sus acciones, pudiendo verse comprometidos derechos colectivos de los ciudadanos rionegrinos al desfinanciarse la obra pública o no garantizarse el pago a los docentes, jubilados u hospitalarios de toda la provincia”, dice la presentación de la senadora.

Destaca también que según dichos de la propia gobernadora de Buenos Aires, “los fondos involucrados llegarían a los 400 mil millones de pesos, tomados desde el año 2012 al 2016, pudiendo dicha situación repercutir sobre las restantes provincias, quienes se verían obligadas a ceder gran parte de su coparticipación de hacerse lugar a lo solicitado por la Provincia de Buenos Aires”.

De este modo, “sólo en la provincia de Río Negro la merma a producirse podría llegar a una cifra cercana a las 1.300 millones de pesos al año, la que sería descontada de las acreencias que la misma posee con el Estado nacional”, en el supuesto caso de que una potencial decisión de la Corte Suprema decidiera hacer lugar a la pretensión de Vidal.

Por tal motivo, argumentó la senadora Odarda en su escrito de Amicus Curiae, que “debe ser el Congreso Nacional, a través de las dos Cámaras que lo constituyen, quien se encuentre en condiciones de discutir democráticamente sobre una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos, a través de la cual se establezcan los mecanismos de devolución, sin afectar los ingresos de las demás provincias”.