Todo indica que pasado mañana la Legislatura rionegrina tratará dos temas que, si bien son la conclusión de procesos administrativos necesarios de cobertura de cargos, adquieren una connotación política especial.

En los dos casos a debatirse seguramente el jueves, el Parlamento provincial, al igual que con el tema de endeudamiento por el Plan Castello, requiere de la aceptación de los dos tercios de sus integrantes, lo cual de por sí provoca situaciones conflictivas sobre todo en la estructura ya algo enclenque del bloque del Frente para la Victoria.

La cuestión es que el gobierno de Alberto Weretilneck propone una audaz jugada que sin dudas causará efecto político.

Primero, envía para su tratamiento y consentimiento de los dos tercios de los legisladores la designación del licenciado en Economía Roberto Meschini, como integrante del Tribunal de Cuentas provincial, y cubrir así la vacante que ya hace tiempo dejó abierta Juan Huentelaf.

Meschini es un hombre de una dilatada trayectoria en el justicialismo, sobre todo en el peronismo viedmense, con actuación profesional en la administración pública Provincial, que además fue candidato a legislador en 2003, asesor del bloque de legisladores justicialistas (entre 1994 y 1995), del Frente para el Cambio (entre 1995 y 2002), y del Frente para la Victoria (2002 a 2012), luego titular de la Secretaría de Empresas Públicas en el 2013, y actualmente asesor legislativo.

El otro tema a debatir es la designación del Defensor del Pueblo para reemplazar a la actual titular del organismo Nadina Díaz, para lo que ya quedaron designados 10 de los 29 candidatos iniciales.

En este sentido, en los pasillos legislativos se da por sentado que el cargo recaerá en la actual co defensora, Adriana Santagati, esposa del titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi.

También se menciona como número puesto para ocupar el lugar de segundo funcionario en el órgano de contralor externo a César Domínguez, un odontólogo de General Roca, hoy cumpliendo funciones jerárquicas en el PAMI, ex presidente del Club Del Progreso de esa ciudad y muy ligado al senador nacional Miguel Pichetto.

Ambos ya contarían con el aval de los votos del oficialismo y sus aliados, y la casi segura votación afirmativa de los legisladores del bloque del Frente para la Victoria (Fpv), por lo menos de los que en su momento han votado en disidencia con el resto de sus pares de bloque.

Pero la cuestión es que será muy difícil para el bloque opositor, al menos para los representantes del peronismo, no votar a favor de la designación de un hombre salido de sus propias filas para ocupar el cargo de tribuno en el organismo de control, que además es un antiguo reclamo para que la oposición tenga un representante en el tribunal que controla los gastos del Estado.

Se presume entonces que una gran mayoría de ese bloque votará a favor de Meschini, y que en todo caso serán algunos votos menos los que obtengan los candidatos a Defensores del Pueblo (titular y adjunto), pero igualmente lograrían con creces superar las dos terceras partes del voto parlamentario.

Hay que tener en cuenta que el clima interno en el bloque del FpV no es el mejor, sobre todo después de que allí los votos fueron divididos ante al Plan Castello, cuando seis legisladores lo avalaron y el resto de sus pares lo hicieron en sentido contrario.

También podría registrarse algún cimbronazo menor, que sin dudas ya debe haber sido encapsulado, por la actitud que podría asumir del legislador de Juntos Somos Río Negro (JSRN) Oscar Díaz, que es el padre de la actual defensora, la cual no ha tenido en los cinco años que duró su mandato una buena relación con quien posiblemente sea su reemplazante.

En definitiva, Weretilneck lograría dos claros objetivos.

Por un lado, asegurar una coincidencia más para acrecentar el vínculo que lo une con el titular del mayor gremio de trabajadores estatales, Juan Carlos Scalesi, una figura sindical que ha priorizado siempre la buena relación con los gobernantes, reivindicando el diálogo y la paz social, y cuya esposa, Adriana Santagati, sería nombrada en la Defensoría.

Por otra parte, el gobernador coloca en, por lo menos, una posición incómoda, al principal bloque opositor.

De todas formas, el golpe más duro lo recibirá el presidente del Partido Justicialista, candidato a gobernador en 2019 y principal opositor al gobierno, Martín Soria, que sin dudas no ha sido la figura o el operador con la que el oficialismo puede haber conversado o negociado, políticamente hablando, la cobertura de estos cargos.

Vuelve, el intendente de General Roca, a quedar fuera de un manejo sólido y adecuado de las cuestiones estratégicas del partido que debiera conducir, y se repite una dispersión interna dentro del peronismo, por más que se trate de mostrar lo contrario.