El proyecto para crear en la provincia de Neuquén el Comité contra la Tortura sigue bajo análisis en las comisiones de la Cámara de Diputados provincial. La iniciativa fue considerada ayer por la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, con la participación de referentes del movimiento de derechos humanos (DD.HH.) que expusieron ante los legisladores.

Según información oficial de la Legislatura, en el encuentro “se avanzó en definiciones y visiones sobre algunos artículos del proyecto”, y los parlamentarios provinciales acordaron continuar trabajando en un texto que será propuesto el próximo martes. El tema ya cuenta con aprobación unánime de la comisión de Derechos Humanos, Poderes y Reglamento.

El nombre completo del órgano cuya creación se promueve, es “Comité Provincial contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que preside Mario Pilatti (del Movimiento Popular Neuquino, MPN), recibió a integrantes de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), y a la Asociación Pensamiento Penal. 

Noemí Labrune, representante de la APDH, dijo que la Legislatura “tiene una deuda de 11 años con este tema, y resaltó que quienes integren el Comité deben ser personas “que pongan el cuerpo todos los días”, y además remarcó que “tiene que existir una concepción humanista” para tratar a las personas que se encuentran detenidas.

Además, “necesitamos que esto sea ley este año, porque siguen pasando cosas en las cárceles y las comisarías”, expresó la reconocida militante de derechos humanos de Neuquén y el Alto Valle.

Durante el debate, según información de prensa de la Cámara legislativa provincial, “la principal dificultad se presentó en el artículo 13 de la redacción original del proyecto”, que es el que tiene aprobación unánime de otra de las comisiones.

Dicho artículo “otorga a las organizaciones de DD.HH. las mismas atribuciones que el Comité que se crearía”. Pilatti, el titular de la comisión, consideró que dicha participación “debe realizarse a través del Comité”, y agregó que en ese marco, podrán hacer inspecciones sin aviso en unidades de detención, así como solicitar información o presentarse como querellantes en causas judiciales. Pero “con el Comité, no aparte”, fue la visión que expuso el diputado.

“Acceso a los lugares de detención”

Fernando Diez, quien es defensor oficial penal e integra la Asociación Pensamiento Penal, dijo que entre los jueces existe disparidad de criterios en cuanto a aceptar a las organizaciones de DD.HH. como querellantes”, según informó Legislatura. Remarcó que “el reconocimiento por ley de esa posibilidad permitiría unificar criterios y sumar a la prevención de la tortura”.

Además, señaló que el artículo 13 que está en debate, tiene “una explicación histórica” la imposibilidad de las organizaciones de derechos humanos de acceder sin restricciones a las unidades de detención, impuestas por resolución. 

Dentro de ese contexto, Diez propuso que se contemple una reglamentación razonable que permite el acceso de las organizaciones pero sin las mismas atribuciones que el Comité cuya creación se analiza.

Por otro lado, también expuso Pablo Matkovich, defensor federal y, como el anterior, miembro de la Asociación Pensamiento Penal. El nombrado enfatizó que la Legislatura “tiene la oportunidad de saldar una deuda histórica” en cuento a la prevención de la tortura, y se pronunció a favor de “dejar abierta la posibilidad de reconocimiento de las organizaciones” de DD.HH.

La intervención en el debate del diputado Pilatti, miembro de la bancada del MPN y presidente de la comisión, hizo hincapié en la necesidad de contar “con fuerzas de seguridad y un sistema penitenciario al servicio de la democracia y respetuosos de los derechos humanos”.

Expresó además que constituir un Comité contra la Tortura “es saludable”, y al repasar las dificultades que tuvo su implementación a nivel nacional, recordó que la ley respectiva se sancionó en el año 2012 y el órgano creado por esa norma recién se constituyó a fines de 2017.

En cuanto a sus propuestas para una nueva redacción del proyecto, propuso incorporar al Comité un integrante más a los que están previstos en la conformación original, el cual tendría como función “hacer de nexo” con el Poder Ejecutivo y que provenga del área de DD.HH. El legislador puntualizó que en ese caso, el órgano quedaría compuesto por ocho integrantes, y hasta cinco personas aparte que cumplirán funciones administrativas.

Según el criterio expuesto por Pilatti, cinco miembros serán designados por el Poder Legislativo a partir de postulantes propuestos por organizaciones de derechos humanos, mientras que otros dos surgirán de lo que proponga la primera fuerza política con representación en la Legislatura, y el restante por la segunda fuerza parlamentaria.